SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena de un año de prisión y multa de 1.080 euros por un delito de obstrucción a la justicia impuesta a un hombre, FJ.C.P., por amenazar de muerte a una mujer y a sus hijos si no retiraban una denuncia por hurto contra otra persona.
La Audiencia rechaza así el recurso del acusado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número Cinco de Santander que consideró probado que el FJ.G.P., de 47 años entonces, se personó en el domicilio del suegro de la mujer que interpuso la denuncia contra un hombre y les pidió que la retiraran, porque era falsa, amenazando con matar a ella y a sus hijos y quemar los coches al padre de no hacerlo.
La mujer, de nacionalidad rumana al igual que el hombre al que acusó de hurto, interpuso la denuncia el 4 de junio de 2010 ante la Comisaría de Policía Nacional de Santander y el juicio se fijó el día 16 de ese mes. Fue ocho días antes cuando FJ.C.P., acudió al domicilio donde vivía ella y otros familiares a realizar sus amenazas.
En su recurso, el condenado esgrimió error en la valoración de la prueba practicada, al no haber comparecido en el juicio, pese a haber sido citada en dos ocasiones, la mujer que denunció el hurto.
También argumentó que de la declaración de los testigos sólo se deduce que acudió al domicilio para mediar entre dos familias enfrentadas, no existiendo amenaza o coacción alguna. Algo que consideraba acreditado por tratarse de una persona que presta su colaboración como voluntario en una ONG y se encuentra muy vinculado a los problemas del colectivo de rumanos residentes en nuestro país.
La Audiencia rechaza estos argumentos y considera que lo sucedido está suficientemente probado por la declaración de los testigos, y por el hecho de que se llamara a la policía desde el propio domicilio, lo que "revela claramente que los moradores del mismo se sintieron intimidados".
Por ello, la sentencia ratifica la condena de un año de cárcel y multa de 6 euros diarios durante seis meses para el acusado, al que también impone el pago de las costas judiciales.
