SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Eduardo Arasti, considera "desproporcionada" la multa de 42 millones de euros impuesta a Armando Álvarez y a su filial Aspla por su participación en un cártel en el mercado de los sacos industriales de plástico y cree que si la empresa recurre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE podrá ser, "por lo menos", "minorada".
En declaraciones a Europa Press, Arasti ha explicado que este viernes, un día después de conocerse la ratificación de la multa, ha hablado con la empresa para analizar la "repercusión" de esta sentencia, "a todas luces desproporcionada", y ofrecerle "todo el apoyo" del Gobierno regional en "todo lo que esté a su alcance".
El consejero ha señalado que Aspla es una empresa "muy competitiva" que "crea riqueza y empleo en España, Cantabria y Europa".
La multa ratificada por el Tribunal de Justicia de la UE fue impuesta en 2005 por la Comisión por su participación en un cártel en el mercado de los sacos industriales de plástico.
La sentencia confirma el fallo en primera instancia del Tribunal General, desestima los recursos de casación presentados por las dos compañías y les condena en costas.
En el caso de Aspla, el Tribunal de Justicia rechaza el recurso por motivos procesales. Por lo que se refiere a Armando Álvarez, el fallo confirma su implicación n el cártel como sociedad matriz de Aspla "sobre la que ejercía una influencia decisiva, dado que además los consejos de administración de ambas empresas eran prácticamente idénticos y que los más altos ejecutivos de Armando Álvarez desempeñaban un importante papel en el funcionamiento de ambas empresas".
La multa total impuesta por Bruselas al cártel de los sacos de plástico superó los 290 millones de euros. La infracción detectada por la Comisión consistió principalmente en la fijación de precios y el establecimiento de modelos de cálculo de precios comunes, el reparto de mercados y el reparto de cuotas de ventas, el reparto de clientes, negocios y pedidos y, por último, el intercambio de información individualizada. La infracción se cometió en Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.
