Aseguran que es "muy sencillo" condenar a un ecologista mientras la corrupción urbanística "sigue impune" SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista ARCA ha remitido un comunicado en el que considera "absolutamente desproporcionada" la condena impuesta a su presidente, Gonzalo Canales, por un delito de calumnias con publicidad, cuando afirmó en rueda de prensa, en el año 2000, que Alberto Valle Álvarez, ex director técnico de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, "estaba detrás del incendio del Monte Buciero" pero "que no tenía ninguna prueba de ello".
Según ARCA, esta condena, impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, "aumenta el desprestigio de la justicia entre los ciudadanos", ya que "el juez ha condenado a Gonzalo Canales en contra de la opinión del fiscal" y a que esta sentencia "sólo será festejada por los especuladores".
"Una vez más se demuestra que para algunos jueces procesar y condenar a un ecologista es muy sencillo, pero mientras tanto la corrupción urbanística y la destrucción de los recursos naturales de Cantabria siguen impunes y campando por sus respetos", asegura ARCA.
En este sentido, la asociación ecologista contrasta con "qué fácil es condenar al presidente de ARCA y qué difícil procesar a los responsables de la Comisión Regional Urbanística que aprobaban un plan urbanístico ilegal tras otro, o a los responsables de que la ría de Suances sea un cementerio de residuos peligrosos para la salud de las personas".
La Junta Directiva de ARCA asume que el pago "de más de 7.000 euros" -6.000 euros en indemnización y 1.080 euros de multa- a que ha sido condenado Canales tendrá que ser sufragado con las cuotas de los socios porque es el único ingreso que dispone la organización", ya que ARCA "no recibe ni un solo céntimo en subvenciones y que sólo cuenta con los 35 euros al año que aportan sus socios".
"De este modo sólo los especuladores estarán festejando en estos momentos" que la Audiencia Provincial "haya dejado a ARCA sin los recursos económicos imprescindibles para pelear contra urbanizaciones ilegales como las de La Arena, Liencres o Santa Marina", concluyen.
