La asociación inicia una campaña informativa para que los cántabros sepan lo que sus políticos "pretenden hacer con el urbanismo"
SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la asociación ecologista ARCA, Gonzalo Canales, reclamó hoy la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, al que consideran "último y máximo responsable" de la reciente modificación de la Ley del Suelo, una modificación que, a su juicio, supone "un paso hacia atrás en la ordenación del territorio y un paso hacia adelante en favorecer la especulación urbanística".
La petición de dimisión del consejero marca el inicio de una campaña informativa que la asociación va a poner en marcha para que los cántabros sepan lo que sus políticos "pretenden hacer con el urbanismo", tanto con la reciente modificación de la Ley del Suelo, como con la modificación que se prepara para las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) y que pretende aumentar la edificabilidad de los núcleos tradicionales, permitir construir con mayor volumen y altura, con tipologías distintas a las existentes y disminuir distancias.
En el caso de la modificación de la Ley del Suelo, que precisamente se publica hoy en el Boletín Oficial de Cantabria y mañana entrará en vigor, lo que hace, en palabras de Canales, es "trasladar a los municipios más altos de la región", hacia el interior, lo que hasta ahora se centraba en el litoral, permitiendo "todo tipo" de construcciones en suelo rústico sin esperar a la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
En opinión de ARCA, lo que "más daño" va a producir en el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural cántabro va a ser la posibilidad de "transformar cabañas e invernales en segunda residencia".
Pero lo que más les preocupa es que todas estas medidas "anti ordenación del territorio" van a suponer la ampliación de competencias para "los alcaldes y los ayuntamientos", una medida que creen "absolutamente equivocada", máxime tras haber constatado ya a nivel estatal que "los alcaldes y los ayuntamientos son el germen de la corrupción urbanística", y dotarles de más competencias sería ahondar en esa senda.
Por todo ello, Canales criticó la "nula sensibilidad de todos los políticos de la región en general", tanto del Parlamento como del Gobierno, y en especial de Mazón que, en su opinión, "ha hecho bandera de estas modificaciones".
Y es que, aunque la modificación de la Ley del Suelo se ha tramitado íntegramente en el Parlamento, ARCA cree que el consejero es el "último y máximo responsable" porque es el titular de Ordenación del Territorio y "el que tiene la responsabilidades y los técnicos".
A su juicio, Mazón "no cree en la ordenación del territorio y lo ha demostrado sobradamente" con esta modificación, "no sabe ni quiere saber absolutamente nada de ordenación del territorio, ha sido absolutamente incapaz de aprobar el PROT y muy capaz, en cambio, de abrir la mano a la corrupción y a la especulación" y de "defender y promover" los intereses "inconfesables de determinados alcaldes" en las zonas "mejor conservadas de Cantabria".
En este sentido, Canales lamentó el "salto hacia atrás" que se ha producido en la ordenación del territorio, porque mientras el también regionalista Vicente Mediavilla aprobó el POL y las NUR y recibió el reconocimiento de ARCA por su "valentía política" con la entrega del premio 'Último urogallo', con Mazón se ha vuelto a las "mentalidades de los tiempos de Hormaechea", cuando el territorio se trataba como "algo para saquearlo y hacer negocio".
CAMPAÑA
La campaña que va a iniciar la asociación para denunciar esas políticas urbanísticas que critican consistirá en el reparto de 50.000 trípticos en los que se explican algunas de las pretensiones de los responsables políticos regionales, acompañadas de imágenes de construcciones y urbanizaciones que chocan con su entorno. La otra cara del mismo tríptico muestra en cambio la alternativa, el paisaje actual que la asociación quiere defender.
Los trípticos se repartirán entre instituciones, asociaciones y el público general para que tomen conciencia de lo que "pretenden hacer" los políticos con el urbanismo.
Más adelante la campaña se completará con movilizaciones, pero lo que no puede hacer la asociación en este caso es llevar la modificación de la Ley del Suelo a los tribunales, porque como asociación o particular sólo se puede recurrir hasta el rango de decretos.
Así, aunque el hecho de permitir construir en suelo rústico sin tener aprobado el PROT podría ser incompatible con la Ley del Suelo estatal, lo único que cabe sería plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero la asociación no puede hacerlo.
Lo que sí podría hacer, en su caso, es recurrir otras figuras que deriven de esta modificación de la Ley del Suelo, por ejemplo, los catálogos de viviendas que elaboren los ayuntamientos.
