El juicio se suspendió cuatro veces al no poder la anciana declarar por videoconferencia desde Zaragoza, donde está internada
SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia provincial de Cantabria ha acordado el archivo provisional de la causa contra la anciana acusada de apropiación indebida, con reserva de acciones civiles a la parte perjudicada. El juicio se suspendió hasta cuatro veces -la última en mayo de 2019-, debido al estado de salud de la nonagenaria, que está internada en una residencia geriátrica en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
La mujer, que tenía 88 años cuando sucedieron los hechos, se enfrentaba a tres años y medio de prisión solicitados por la Fiscalía, que considera que se aprovechó de su condición de tutora legal de su prima, anciana e incapacitada judicialmente, para apropiarse de un total de 118.800 euros.
Los herederos de la anciana fallecida, 13 en total, ejercen la acusación particular. Estos elevan la cantidad de la que se apropió la nonagenaria acusada hasta 156.017 euros y consideraban los hechos un delito continuado de apropiación indebida agravada, por lo que pedían seis años de prisión.
La Sección Tercera de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press y que no se ha recurrido, atiende la petición de archivo de la causa planteada por la acusación particular y a la que se adhirió la Fiscalía, con reserva de acciones civiles. Y establece que una vez al año, la causa se reabrirá para recabar informe del médico forense de Ejea de los Caballeros sobre el estado de salud de la acusada.
Después de varias suspensiones, el pronunciamiento de la Audiencia quedó pendiente tras la vista oral celebrada en mayo del año pasado a puerta cerrada, a la espera de que se resolviera el procedimiento de incapacitación en trámite en un Juzgado de Ejea de los Caballeros, que en julio dictó sentencia firme de incapacidad parcial.
A la vista de los informes médico-forenses y de la sentencia de incapacitación, la Sala considera evidente que la anciana no podrá acudir a Santander a la celebración del juicio ni asistir al mismo por videoconferencia, "dado el elevado riesgo que corre su vida con ello".
El informe médico-forense de mayo ya señalaba que afrontar "una situación de estrés físico o psíquico como es un juicio de dos días de duración en una señora de la avanzada edad de la acusada, mayor de 90 años, puede desencadenar una agudización en forma de crisis cardíaca que requiera asistencia médica urgente, desaconsejándose su asistencia a juicio incluso por videoconferencia".
Y el informe del procedimiento de incapacitación concluía que la paciente presenta "déficit cognitivo moderado, trastorno adaptativo ansioso-depresivo, limitación física asociada a la edad, deficiencia auditiva, cardiopatía crónica, de evolución progresiva, teniendo muy limitada su capacidad de autogobierno, de su persona y de sus bienes, necesitando de terceras personas para su cuidado, seguridad y
protección".
HECHOS Y PENAS SOLICITADAS
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, la mujer -que tenía 88 años cuando sucedieron los hechos- era tutora legal de su tía anciana debido a que tenía demencia y un juzgado la incapacitó legalmente en 2003 y, prevaliéndose de la facultades atribuidas, procedió a realizar diversas disposiciones no justificadas de la cuenta de la incapacitada.
El Ministerio Público destaca que en abril de 2015 se traspasó 40.000 euros a una cuenta corriente de su titularidad para la adquisición de un piso y que puso a su nombre. Pero también en febrero de ese año realizó otras tres disposiciones por 8.500 euros en total y no justificando el destino del dinero.
La acusada tampoco ha justificado otros reintegros realizados por ventanilla entre febrero de 2011 y agosto de 2015 por 70.300 euros, que sumado a lo anterior hace un total de 118.800 euros.
Además, como residía con su tutelada, la mujer llevó a residir al piso en 2009 a un sobrino que, al igual que ella, vivía con todos los gastos costeados por la incapacitada.
El Juzgado solicitó a la mujer que rindiese cuentas de todo ese dinero retirado de la cuenta y reconoció los 40.000 euros del piso, mientras que el resto no pudo justificarlo.
Tras investigarle la Fiscalía por el delito de apropiación indebida, el cargo de tutor legal de la anciana pasó a la Fundación Marqués de Valdecilla. La mujer falleció en noviembre de 2016 dejando 13 herederos, que ejercen la acusación particular.
Estos elevan la cantidad de la que se apropió hasta 156.017 euros y consideran que los hechos son un delito continuado de apropiación indebida agravada, por lo que pedían seis años de prisión.
El fiscal lo consideró un delito continuado de apropiación indebida por el que solicitaba tres años y medio de prisión y la devolución de los 118.800 euros. Mientras, la acusada lo negó y aseguró que cualquier decisión que tomaba se la comunicaba a los sobrinos y familiares de la incapacitada.
