La Audiencia retoma el martes el juicio contra la viuda del dueño de un club acusada de blanqueo de dinero

Actualizado: sábado, 20 febrero 2010 12:10

Recibió mas de medio millón de euros procedentes de la actividad de prostitución e inmigración clandestina

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria retomará el próximo martes 23 de febrero el juicio contra M.A.M.B, viuda del propietario del club de Santander 'Angelos', acusada de un delito de blanqueo de dinero derivado de la actividad de prostitución. El juicio se aplazó debido a que faltaba documentación bancaria sobre las actividades económicas de la imputada.

En total, el Ministerio Fiscal estima que la acusada, que arrendaba el local del 'Angelos' que gestionaba su marido, recibió un total de 580.647,58 euros procedentes de las actividades ilegales --una red de prostitución de inmigrantes ilegales-- por las que su esposo, ya fallecido, fue condenado en el año 2006.

La acusada, que no estaba dada de alta en ninguna actividad económica, adquirió con ese dinero dos vehículos y cuatro inmuebles en Santander, junto a otros que obtuvo a través de una sociedad de la que era administradora única y que no había ejercido actividad.

También se hizo con moneda de otros países y realizó numerosas operaciones de enajenación de fondos de inversión o transmisión de valores. Todas estas operaciones ascendieron a 746.931 euros, y en su cuenta constaban ingresos medios de 300.000 euros de los que no se acreditaba su procedencia.

Los delitos de prostitución e inmigración clandestina se cometieron en 2003 y 2004, y ya fueron juzgados en 2006 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que condenó por ello a dos personas, un fallo que ratificó después la Audiencia Provincial en 2007.

Entonces se condenó a M.C.S.G., la cual regentaba el local junto a su tío, E.Z.G., marido de la ahora acusada y que falleció antes del juicio. Y también fue condenado un cómplice que participaba en los traslados de las chicas y actuaba como vigilante del club, F.I.D.

Por ello, pide que la acusada sea condenada a dos años de cárcel y al pago de una multa de 700.000 euros como responsable de un delito de receptación de capitales procedentes a su vez de un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los extranjeros.