SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander "condena y rechaza" cualquier forma de presión" sobre los funcionarios municipales y los responsables políticos para tratar de evitar la expropiación de Amparo Pérez, la propietaria de una vivienda en la Vaguada de Las Llamas para construir entre la S-20 y la Avenida de los Castros que se ha negado este viernes a firmar el acta de ocupación.
Así se ha pronunciado el Consistorio después de que la mujer haya acudido hoy al Ayuntamiento acompañada por numerosos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras personas que le han mostrado su apoyo en el día que se cumplía el plazo para firmar el acta de ocupación.
En un comunicado, el Consistorio ha defendido el proceso de expropiaciones para esta obra, ha negado haber recibido alegaciones de ninguno de los afectados, tampoco de esta propietaria, para cuya expropiación el Ayuntamiento tendrá que solicitar una orden judicial tras su negativa de hoy.
Además, ha advertido que, aunque seguirá siendo el "principal defensor" de los derechos de esta propietaria, "no permitirá que se pisoteen" los del resto de Santanderinos de disponer de un vial "absolutamente necesario" porque "una persona tenga la legítima pretensión de recibir más dinero del legalmente establecido".
El Ayuntamiento ha explicado que la propietaria de la vivienda situada en los terrenos donde se construirá este nuevo vial estratégico "conocía desde hace más de 15 años" este proyecto, así como la situación de fuera de ordenación en la que se encuentra dicho inmueble.
Ha señalado que el expediente municipal para la obtención de los terrenos se inició en 2010 y ha defendido que éste se ha llevado a cabo por los servicios técnicos municipales "de una manera escrupulosa".
El Consistorio ha explicado que en este proceso se han incluido 39 propiedades, de las cuales tres eran viviendas, "sin que haya existido incidencia alguna en el proceso".
De hecho, el Ayuntamiento de Santander ha mantenido que no ha tenido constancia "en ningún momento" de alegaciones, sugerencias o comentarios al respecto, ni por la propietaria de la vivienda situada en los terrenos en los que se va a construir el vial de conexión entre la S-20 y la Avenida de la Constitución, ni por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Ha mantenido que, al igual que en el resto de los casos, la propietaria de la citada vivienda ha sido indemnizada con el valor de la misma y el resto de los bienes afectados, estableciéndose por parte del Jurado de Expropiación y no por el Consistorio santanderino, una valoración que asciende a 79.000 euros y que ya está depositada en la Caja General para que pueda disponer de ella cuando lo considere oportuno.
Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento de Santander le ha ofrecido, en más de una ocasión, la posibilidad de acceder a una vivienda sin estrenar y dotada de garaje y trastero, valorada a precio de VPO en 89.000 euros, una opción que no ha sido aceptada por la propietaria y su familia.
Por todo ello, el Consistorio santanderino ha rechazado "rotundamente" cualquier parecido de este proceso con un desahucio, proceso con el que, a su juicio, "no tiene absolutamente nada que ver" y con el que no guarda "ni un solo punto de similitud".
Ha afirmado que para esta obra se ha llevado a cabo el procedimiento reglado "de siempre", igual que todos los que se han llevado a cabo por la Administración Local para ejecutar todo tipo de infraestructuras.
El Ayuntamiento de Santander ha explicado que si esta persona está en desacuerdo con la valoración económica realizada por el Jurado de Expropiación existen métodos legalmente establecidos para reclamar una revisión de la misma, pero, "en ningún caso, debe recurrirse a otros procedimientos" para "alterar y cometer" lo que considera "un flagrante acto de prevaricación a favor de un particular".
