El Gobierno de Cantabria aprueba un anteproyecto de ley mediante el cual el TUS se debería gestionar por concesión a una empresa
SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander ha denunciado este martes el "intento de privatización" del servicio de Transporte Urbano de Santander (TUS) por parte de socialistas y regionalistas, que, ha asegurado, pretenden, a través del anteproyecto de Ley de Transportes, que este servicio se preste a través de una empresa privada.
La concejala de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta, ha exigido la "inmediata retirada" del anteproyecto de Ley de Transportes, que, ha afirmado, "no sólo refleja la intención de privatizar el transporte urbano de Santander sino que establece una serie de medidas que interfieren en decisiones municipales relativas a la prestación del servicio de transportes".
Asimismo, ha reclamado a los grupos Socialista y Regionalista en el Ayuntamiento de Santander que den explicaciones sobre la intención de sus partidos de privatizar el servicio municipal de transportes.
González Revuelta ha indicado que el anteproyecto de ley señala, en su artículo 19, que "la prestación de los servicios regulares de transporte urbano de viajeros de uso general se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa".
La concejala ha explicado que este artículo vulnera la Ley de Bases de Régimen Local, según la cual la decisión relativa a optar por una u otra forma de gestión de los servicios públicos municipales es una competencia exclusiva de los ayuntamientos y no, "como pretende hacer el Gobierno de Cantabria", de las comunidades autónomas.
"El Gobierno de Cantabria quiere imponer a los ayuntamientos la forma de gestión de su transporte público y no sólo eso, sino que pretende que la gestión sea a través de concesiones a empresas privadas, lo que supondría privatizar el TUS", ha denunciado.
En su opinión, la regulación que pretende establecer el Ejecutivo resulta "especialmente grave" en el caso de Cantabria, donde el único Ayuntamiento con servicio de transporte urbano de viajeros es el de Santander, y donde existe un régimen de gestión directa por la propia entidad local que entraría en colisión con la forma de gestión por la que opta el anteproyecto de ley, invadiendo así las competencias municipales y la autonomía local.
El anteproyecto sólo establece la posibilidad de que la gestión sea pública en el caso de que existan motivos que así lo justifiquen. Sin embargo, el simple hecho de que, a día de hoy, haya numerosas ciudades en las que los autobuses municipales son gestionados por empresas privadas demuestra la práctica imposibilidad de justificar la decisión de optar por una gestión pública, ha apuntado.
"Este anteproyecto de ley genera una enorme inseguridad jurídica, puesto que cualquier ciudadano o empresa que tenga un interés en gestionar este servicio podría reclamar ante los tribunales que el Ayuntamiento de Santander deje de prestarlo de forma directa y, a la vista de esta norma, podría obligar al Ayuntamiento a establecer una concesión", ha concluido González Revuelta.
