SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) aprobará "en breve plazo" el decreto que desarrolla la Ley de Transparencia en la Actividad Pública, norma que entró en vigor hace año y medio.
Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento la diputada socialista Yolanda Algorri, durante el debate de una iniciativa del PP para instar al Ejecutivo bipartito a que diera luz verde a dicho decreto en un máximo de dos meses, y que ha sido rechazada con los votos en contra de los dos partidos que sustentan a la coalición.
La parlamentaria del PSC ha explicado que la ley se encuentra en la "fase final" de un proceso "largo y complejo", en el que se está ya "a punto" de cumplir todos los trámites, entre los que figura la remisión del decreto al Consejo de Estado para que le dé el visto bueno, y de ahí precisamente que sea "imposible" asegurar si estará listo en los dos meses que reclaman los 'populares'.
Respecto a los seis meses fijados por el PRC-PSOE, que impulsó la ley, Algorri ha admitido que fue un plazo "muy optimista", más si se tiene en cuenta que ese periodo coincidió con un ejercicio -2019- que estuvo marcado por tres citas electorales.
Con todo, ha defendido que la Consejería de Presidencia y Justicia -en manos de los socios regionalistas y competente en la materia- "ha hecho y está haciendo los deberes".
En similares términos se ha expresado la diputada regionalista Rosa Díaz, que tras negar que no se haya hecho "nada" ha afirmado que "se ha actuado y se está actuando", y de manera "diligente" además en todo este proceso.
A sus ojos, la proposición no de ley del PP "rebosa demagogia y postureo", y ha afeado a sus promotores que "abanderen" ahora y sean "defensores a ultranza" de la transparencia cuando durante el Gobierno de mayoría absoluta de este partido (2011 a 2015) "no había transparencia" y "no dejaron nada hecho" en la materia.
La diputada del PP que ha defendido la PNL, Isabel Urrutia, ha afeado a regionalistas y socialistas que lleven "un año" de retraso para aprobar el decreto que desarrolla la ley, por lo que ha considerado que "voluntad de transparencia ninguna".
La 'popular' ha achacado esta situación a la "desidia" e "inacción" del Gobierno, "orquestada" por los socios, y por lo que ha resuumido que la situación actual es "la crónica de un incumplimiento intencionado".
Además de este partido, han respaldado la propuesta los otros dos de la oposición: Cs y Vox. Desde Ciudadanos, Diego Marañón ha justificado el 'sí' de su grupo a que la norma no se está "aplicando como debiera" sino de forma "parcial" por lo que no resulta "eficaz" debido -ha manifestado- a la "nula" intención de regionalistas y socialistas de ser transparentes.
A ello se suma el hecho de que Cantabria ocupe la décimo séptima posición en el ranking de las comunidades en materia de transparencia, "solo por detrás" de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al cumplir únicamente el 49% de los 190 indicadores establecidos por una plataforma que evalúa esta característica.
Finalmente, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha ironizado que entiende como algo "lógico" el retraso en el desarrollo de la ley, porque "con lo poco que sabemos" -ha comparado- es como para que "el pueblo de Cantabria correría a gorrazos" a los miembros del Ejecutivo "hasta llegar al Páramo de Masa".
AULAS DE DOS AÑOS
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado otra PNL, esta vez presentada por Vox, orientada a la dotación presupuestaria "suficiente" para establecer un concierto singular que cubra el 50 por ciento de los gastos de personal y funcionamiento de las aulas de dos años.
La iniciativa se ha topado con el 'no' de los grupos que sustentan al Ejecutivo, que han alegado que se ha cubierto "toda" la demanda que ha habido en el curso 2019-2020 en relación con las aulas de dos años, de las que hay un total de 180 en la región y que requieren una inversión de 10 millones de euros.
Estos datos han sido facilitados por la portavoz regionalista en materia educativa, la diputada María Teresa Noceda, quien ha asegurado que no habido "ninguna queja" al respecto a la Consejería del ramo, ni el ámbito de la educación pública ni de la concertada.
En su intervención, esta diputada ha destacado que la Comunidad tiene la red de aulas "más completas" de todo el sistema español, y se ha mostrado además "muy de acuerdo" con que haya un equilibrio entre la educación de pública y concertada.
La socialista Eva Salmón ha subrayado por su parte que Cantabria cuenta con una tasa de escolarización a los dos años "de las más altas" del país, que supera en "diez puntos" a la media nacional.
A su juicio, el grupo mixto pretendía con esta iniciativa -respaldada por PP y Cs, al considerarla "beneficiosa" para el alumnado- cambiar las políticas de los conciertos en etapas no obligatorias, cuando es algo que no está justificado por la demanda existentes, así como intentar -ha dicho- una "transferencia de recursos de la educación pública a la privada".
El diputado de Vox Armando Blanco ha asegurado que el objetivo de la PNL era facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de todas las familias, independientemente de sus recursos, y favorecer también la elección de centro y educación para los hijos.
