Díaz Tezanos ha participado en la Sectorial de Igualdad que ha aprobado el reparto de los fondos del Pacto de Estado
SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, Eva Díaz Tezanos, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha aprobado el reparto de los Fondos del Pacto de Estado y de otros programas y servicios de atención. Cantabria recibirá un total de 1.889.236 euros para luchar contra la violencia de género.
De esa cantidad, 1.547.670 euros se destinarán al desarrollo de las medidas que contempla el Pacto de Estado, y 341.566 euros para el desarrollo de programas y servicios para la asistencia integral a las víctimas y la atención a los menores, los de coordinación y el desarrollo de los planes personalizados y para los de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales, según ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.
Díaz Tezanos ha resaltado el "impulso efectivo" que está llevando a cabo el Gobierno de España a las políticas para la lucha contra la violencia de género, y ha comprometido la "total colaboración" y "el mayor esfuerzo posible" del Gobierno de Cantabria para "sacar adelante este Pacto por la trascendencia que tiene este acuerdo".
En este sentido, ha destacado la "preocupación por la dilación en la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de género, aprobado en septiembre de 2017, largamente esperado y dotado de recursos muy necesarios, cuyo reparto no se había materializado".
"Tenemos mucha tarea por delante", ha señalado la vicepresidenta cántabra, al tiempo que ha mostrado su seguridad en esta "oportunidad única para caminar todos en la misma dirección contra uno de los problemas más graves que tiene hoy la sociedad española".
En cuanto a los criterios de reparto de los fondos, la vicepresidenta de Cantabria y consejera con competencias en materia de igualdad, ha valorado positivamente la introducción de criterios demográficos en el reparto del total de 100 millones de euros.
Especialmente el de "la dispersión, el factor de ruralidad y el envejecimiento de la población", algo que "encarece notablemente la prestación de servicios básicos y obliga a un esfuerzo suplementario" para "mantener la cohesión territorial y la igualdad en el acceso a los servicios que garantiza el Estado del Bienestar".
"Las características de nuestro territorio y la ruralidad nos obligan a destinar más recursos para atender a las mujeres más mayores y, en general, a todas las que viven en el medio rural. Estas mujeres son más vulnerables y tienen menor acceso a la información y a la atención", ha declarado.
Díaz Tezanos ha destacado que la activación del Pacto va a "permitir fortalecer y ampliar las medidas que tenemos ya en marcha las Comunidades y los Ayuntamientos, así como poner en marcha otras nuevas". "Si somos capaces de hacer un esfuerzo de coordinación, cumpliremos con nuestra obligación de ser eficaces en la respuesta a este problema tan grave", ha reiterado.
Por otro lado, en la Conferencia Sectorial se ha aprobado la distribución de 20 millones de euros que el Pacto de Estado destina a las entidades locales y que está previsto, alcance los 40 millones de euros para el año 2019.
MODIFICACIONES NORMATIVAS
La vicepresidenta del Gobierno ha expresado la necesidad de que se lleven a cabo "con celeridad" algunas modificaciones normativas establecidas en el Pacto, como la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que devolverá las competencias a los Ayuntamientos en esta materia; o la modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Díaz Tezanos ha expresado también la necesidad de llevar a cabo una "reforma urgente" del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "evitar que muchas denuncias sean archivadas o sobreseídas" a causa de la dispensa que dicho precepto contiene.
Por último, ha incidido especialmente en la protección de los hijos de las víctimas como "objetivo prioritario", de forma que se sitúe "de manera efectiva" el interés superior de éstos "en el centro de las actuaciones" y, en consecuencia, protegerles del maltratador y "garantizar los mecanismos legales suficientes que eviten tener que esperar al consentimiento de éste para atenderles psicológicamente".
