La Comunidad necesita crear 2.000 plazas residenciales públicas de aquí a 2014 para atender a la población dependiente
SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unos 4.000 cántabros tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones de la Ley de Dependencia y, de ellos, alrededor de 1.900 las reciben ya de forma efectiva. Cantabria es una comunidad pionera en la aplicación de la ley, porque se puso a dar pasos, formar a los valoradores y diseñar el modelo de copago antes incluso de estar definido el baremo de valoración, de forma que, una vez aprobado, en mayo del pasado año la Comunidad estaba en condiciones de empezar a recibir las solicitudes y valorarlas.
Desde entonces, los servicios sociales cántabros han recibido 8.500 solicitudes de valoración y han valorado 5.500 de esas peticiones, lo que ha dado lugar al reconocimiento del derecho a la prestación de 4.000 personas.
Según explicó el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, se trata sobre todo de mujeres mayores de 65 años. De hecho, dos de cada tres solicitantes (el 66%) son mujeres y, de ellas, el 85 por ciento superan los 65 años.
La mayor parte de los usuarios piden prestaciones económicas en lugar de servicios, aunque la Ley lo que contempla es ofertar los servicios y, cuando la Administración no pudiera hacerse cargo de ellos, optar por la prestación económica.
Pese a ello, en el cuestionario se pregunta a los solicitantes que elegirían si dependiera de su decisión y de esas respuestas se desprende que el 48% de los solicitantes prefieren recibir ayudas económicas para seguir cuidando al familiar en el domicilio; frente a un 25% que solicita una plaza residencial y un 9% que quiere ayuda domiciliaria.
En la actualidad la Administración no puede hacer frente a toda esa demanda con recursos propios. De hecho, se estima que Cantabria necesitará en el 2014 unas 5.000 plazas residenciales públicas para personas dependientes y hoy por hoy tiene 3.000. Eso significa que en los próximos años la Comunidad Autónoma deberá crear otras 2.000 plazas.
Mientras se dota de esos recursos, el Gobierno cántabro tiene que optar en algunos casos por conceder prestaciones económicas. Pero, tal como precisó Soto, eso implica que "habrá que ir a los domicilios, porque dar dinero no es garantía de calidad en los cuidados" a las personas dependientes y, si bien hay casos en los que son atendidos "espléndidamente" en el ámbito familiar, en otros casos la prestación económica "suple otras carencias del hogar".
Además, actualmente el 83% de los cuidadores informales en España son mujeres y la Ley no quería "caer en el error" de reafirmar a las mujeres "de por vida" en ese papel, de ahí también la prioridad que se da a la prestación de servicios frente a la económica.
PROBLEMAS DE GESTIÓN.
De los casi 1.900 cántabros beneficiados hasta la fecha por la Ley de Dependencia, 538 reciben prestaciones económicas y los demás servicios. En cuanto a los otros 2.000 dependientes que tienen reconocido el derecho pero aún no reciben la prestación, se debe a diferentes causas.
Así, el director general explicó que hay personas que todavía tienen que presentar documentación sobre su capacidad económica para determinar en qué medida contribuyen al copago; con otros se está negociando actualmente cuál es el servicio más adecuado; y hay un tercer grupo que, según admitió, se debe a "problemas de gestión".
5.500 POSIBLES BENEFICIARIOS EN 2008.
Las personas a las que actualmente se reconoce el derecho a prestaciones de la Ley de Dependencia son aquellas que en la valoración obtienen la consideración de grandes dependientes --incluidos en los dos niveles de grado III y con derecho a la prestación desde 2007--, junto con los incluidos en el nivel II del grado II, que tienen reconocido el derecho a partir de 2008.
Sumados los unos a los otros, se calcula que unas 5.500 personas tendrán derecho a prestaciones a lo largo de este año en Cantabria: unas 3.000 personas dependientes de grado III y unas 2.500 de grado II. De las 4.000 personas que ya tienen reconocido ese derecho, alrededor de 3.400 son del grado III y las otras 500 de grado II nivel II.
APLICACIÓN GRADUAL.
Ésta es precisamente una de las claves de la Ley, su aplicación gradual, aunque el director general de Políticas Sociales reconoció que quizá no se ha explicado bien y se ha podido transmitir la imagen de que se iba a atender "a todo el mundo ya".
El problema radica en que la Ley de Dependencia reconoce un derecho que llevará a atender a millón y medio de personas en toda España y los costes económicos son "de tal magnitud" que se necesitan "años" para consolidar el presupuesto. Lo que lamentó Soto es la utilización "torticera" realizada desde la oposición "a sabiendas de que falsea la realidad", cuando critica que haya personas de más de 80 años a los que no se reconocerá la prestación hasta 2011 ó 2013.
En este sentido, el director general recalcó que la prestación no depende de la edad, sino del grado de dependencia porque "puedes tener 90 años y ser autónomo" y "tener 18 y estar fijado a una silla de ruedas de por vida".
