SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, ha asegurado este lunes en el Pleno del Parlamento que el Gobierno de Cantabria seguirá pidiendo al Estado que contribuya con recursos económicos para sufragar tanto los gastos ya realizados en la Administración de Justicia como consecuencia de la epidemia de coronavirus -que ha cifrado en 500.000 euros a día de hoy- como los que habrá que realizar cuando se adopten medidas de refuerzo.
Entre ellas ha citado el autorefuerzo y prolongación de jornada en los juzgados de lo social; refuerzo para el juzgado de lo mercantil, que se ha pedido que sea en la modalidad de teletrabajo; y el turno de tarde voluntario, al que según ha dicho "ya hay muchos funcionarios que se han apuntado" y que terminará el 21 de septiembre.
La consejera ha realizado estas afirmaciones en respuesta a una interpelación de la diputada del PP Isabel Urrutia, que cree que el Gobierno "ha reaccionado tarde, mal y sin recursos" para evitar el "colapso" de la Administración de Justicia, que pese a la pandemia de Covid-19, sigue "con los mismos medios que en enero excepto mamparas de protección, mascarillas y gel", cuando requiere "medidas excepcionales y valientes, palpables y de inmediata creación".
Asimismo, ha denunciado que el sistema Vereda ha estado "paralizado" durante los dos primeros meses del estado de alarma. Afirmación que ha negado tajantemente la consejera, que ha asegurado que el sistema ha estado "más que a la altura de la situación", hasta el punto de afirmar que durante el estado de alarma y la suspensión de plazos procesales, Cantabria "ha sido la envidia de España" con Navarra y Aragón.
La consejera ha detallado las medidas de seguridad, de personal y de impulso tecnológico y procesal diseñadas para devolver a la normalidad a la justicia y propiciar su modernización definitiva, un plan que "está preparado para ponerse en marcha en cuanto sea necesario" y que implicará inversiones adicionales.
Fernández ha confirmado que el nuevo juzgado de primera instancia e instrucción n 12 de Santander entrará en funcionamiento en la fecha prevista, el próximo 30 de junio, pese a que el ministerio ofreció la posibilidad de retrasar su puesta en marcha, y ha destacado que esta nueva unidad va a contribuir a "descongestionar una parte importante del atasco actual".
Con este mismo objetivo, se avanza en la ejecución del plan de reordenación de sedes judiciales en Santander, que ya ha permitido "descongestionar de una manera importante" el complejo judicial de Las Salesas con la reubicación en el Edificio Europa del servicio de peritaciones judiciales, el de Informática y el equipo psicosocial de familia, y el traslado de la clínica del Instituto de Medicina Legal de Santander a los antiguos tanatorios de Valdecilla.
La consejera ha señalado que las inversiones continuarán para extender el teletrabajo, generalizar los juicios telemáticos en cuestiones más complejas y centralizar la grabación de las salas de vista para incluir las grabaciones en el propio expediente judicial electrónico. Y ha anunciado que el próximo día 25 saldrá a consulta la normativa que regulará el teletrabajo.
Además, Cantabria defiende la necesidad de impulsar cambios en el ámbito procesal con el fomento de la mediación, la reforma de las leyes para dar cobertura y normalizar el uso de la videoconferencia y otras medidas encaminadas a trabajar con una mayor celeridad.
