6 de abril de 2020
19 de septiembre de 2008

Castro.- El Juez abre procedimiento abreviado al ver indicios de prevaricación y tráfico de influencias en dos obras

Imputados los siete integrantes de la anterior Junta de Gobierno, dos secretarios, un interventor y el hermano del concejal Díez Muro

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha apreciado "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y de los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas del mercado municipal de Castro Urdiales y, por ello, ha acordado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Esto supone que si alguna de las partes presenta escrito de acusación habrá que celebrar juicio oral contra los once imputados por el juez: los siete integrantes de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura, dos secretarios municipales, el interventor y el hermano del concejal Jaime Díez Muro, cuya empresa se benefició de la supuesta contratación irregular.

En un auto fechado hoy, el juez sostiene que se han observado tanto indicios de delito en la adjudicación de esas obras, como un "gran desorden administrativo" en el Ayuntamiento castreño, en el que "la ausencia de expedientes de contratación era una práctica habitual".

En concreto, en el auto se imputan sendos delitos de prevaricación a los miembros de la Junta de Gobierno: el todavía alcalde, Fernando Muguruza; el portavoz del PP, José Miguel Rodríguez; el que por entonces era concejal de Obras, Salvador Hierro; y los concejales Jaime Díez Muro, Santiago Vélez y Concepción Carranza, por la adjudicación de ambas obras; así como al también concejal del equipo de Gobierno Juan Molinero, en su caso sólo por la del túnel de Mioño.

Además, en el caso de Hierro y Díez Muro el juez también ve indicios de otros dos delitos de tráfico de influencias por favorecer la adjudicación de los trabajos a la empresa Izeta, cuyo apoderado es Ignacio Díez Muro, hermano del concejal e igualmente imputado por sendos delitos de tráfico de influencias.

Los otros tres imputados son el secretario municipal, César Saiz Alonso, junto con José Antonio Gutiérrez de Olivares, que ejerció de secretario accidental el día que se adjudicaron las obras del mercado, y también el interventor municipal, Gregorio Alcedo. El juez considera que han podido incurrir en un delito de prevaricación por omisión, por no tomar medidas frente a la actuación de la Junta de Gobierno.

(Seguirá ampliación)