SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras (CC.OO.) valoró hoy la Ley de Educación para Cantabria asegurando que tiene "potencialidades positivas" pero advirtió que, desde el sindicato, "estarán pendientes" de cómo se desarrolla y se aplica la normativa en la Comunidad Autónoma. "El marco nos parece bueno, pero vamos a ver el desarrollo", sentenció el secretario general de la Federación de Enseñanza en la región, José Manuel Marañón.
El sindicalista pidió así a la Consejería de Educación que incremente el gasto en la materia hasta el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, frente al 3,5 por ciento previsto en los presupuestos del el 2008. "Nosotros queremos una Ley de Educación que asegure la financiación independientemente de quien gobierne", apostilló.
Marañón criticó así el hecho de que "hasta el momento" la Consejería no se haya pronunciado acerca de la financiación de esta ley que, previsiblemente entrará en el Parlamento después de Semana Santa para su debate.
En este sentido, señaló que la norma no es "fiable" si no se acompaña de una Ley de Financiación o, en su defecto, de una memoria económica que determine el gasto que tiene previsto el Gobierno para "implementar" las actuaciones que se deriven de la ley en Cantabria.
Asimismo, Marañón juzgó el método que plantea la ley para la elección de directores de centros educativos a través de una comisión de selección. A su entender, esta fórmula "sustrae" al Consejo Escolar la capacidad de elegir al director del centro --tal y como se hacía con la LOGSE--.
El nuevo modelo, observó Marañón, hace perder al director "legitimidad democrática" y "consistencia" dentro de la comunidad educativa a la par que acarrea un "aumento" de las "dificultades" en las tareas de dirección.
Por otro lado, el secretario general de la Federación de Enseñanza tachó de "voluntaristas" los aspectos de la ley dedicados a la colaboración con otras instituciones, fundamentalmente con los Ayuntamientos.
Al respecto, denunció los "boicots políticos" que algunos ayuntamientos del Partido Popular han llevado a cabo en los últimos años "anteponiendo" la "confrontación política" a la prestación de "ciertos servicios educativos" a los ciudadanos. También lamentó la "privatización" en algunos municipios de servicios como las aulas para menores de dos años.
Finalmente, Marañón instó a la Consejería de Educación a que consensue con las organizaciones sindicales y los agentes sociales "cualquier cambio" en las condiciones laborales del profesorado.
