SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres Ruiz, ha criticado que, de las más de 54.000 solicitudes de asilo admitidas a trámite el pasado año, tan sólo se hayan resuelto un total de 11.875, de las cuales fueron favorables el 24% y sólo 575 concedían el estatus de refugiado a los solicitantes.
"No somos un país de refugio", ha lamentado Favieres durante su intervención en el curso 'Gestión de fronteras y derechos humanos: protección de los grupos vulnerables que tiene lugar esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En esta línea, la coordinadora ha estimado que se prevé que para finales de este 2019 se hayan admitido a trámite más de 120.000 solicitudes de asilo en el territorio nacional desde que se iniciaron los registros en 2016.
A su juicio, el sistema de protección internacional "está haciendo aguas" ya que "no está preparado" para asumir este contingente de solicitudes y ha abogado por "redimensionar" el sistema.
Asimismo, Favieres ha criticado que los plazos de instrucción de tres y seis meses "no se están cumpliendo" y asegura que el hecho de que el Ministerio del Interior "retrase" las resoluciones también "colapsa" el sistema.
Para solventarlo, ha pedido que se "faciliten" medios humanos o materiales ya que sin ellos la labor de trámite de las solicitudes es "imposible". "Si se quiere, se puede", ha sentenciado.
Favieres considera que España está "peor" en materia de protección internacional que otros países europeos de acogida como Alemania o Grecia, con porcentajes cercanos al 50% e incluso que Italia (36%).
Por otro lado, ha apuntado a datos publicados por CEAR sobre este 2019 que revelan que las cinco nacionalidades mayoritarias en solicitudes de asilo son Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, quedando fuera de las mismas Siria que sí estaba presente en 2018.
Según Favieres, la procedencia mayoritaria de las solicitudes de asilo de Centroamérica se debe a la "persecución de las maras". Esto, tal y como ha explicado, supone una problemática en materia de concesión de protección ya que la Oficina de Asilo y Refugio (dependiente del Ministerio del Interior) "ha venido denegando" estas peticiones por considerar que esta persecución "no venía de agentes estatales" por lo que no hay "desprotección" en el país de origen.
No obstante, la coordinadora ha apuntado a los dictámenes de la Audiencia Nacional que "revalorizaron" este tipo de casos y admitieron algunas de esas solicitudes, si bien ha criticado que las resoluciones "no son coincidentes" en las distintas secciones de la Audiencia Nacional sobre estos casos.
La coordinadora de CEAR ha explicado también durante su ponencia las diferencias en el procedimiento de solicitud de asilo que se realizan en las fronteras de los Estados de aquellas que se realizan en el interior del país.
Así, ha criticado que el procedimiento en la frontera sea "acelerado" pues, según relata, en dos días debe tener una respuesta y, en caso de que ésta sea negativa, se disponen de otros dos días para interponer un recurso al que la Oficina de Asilo debe dar respuesta en otros dos días.
Pese a que la negativa también es recurrible ante la Audiencia Nacional y se puede solicitar como "medida cautelarísima" que se suspenda la devolución mientras se sustancia el recurso, Favieres ha afeado que este procedimiento "no paraliza el recurso". Esto ha llevado a que en algunos casos la Audiencia ha negado dicha medida y "un año después", ha pasado a estimar el recurso. "Es demencial", ha apostillado.
No obstante, la coordinadora de CEAR también ha alertado de que en ocasiones desde los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se solicita protección internacional para "evitar la expulsión" lo que, según ha indicado "lleva a disfunciones en el sistema".
Asimismo, Favieres asegura que el hecho de que "no haya vías" que permitan acceder desde el exterior del territorio a la protección internacional, acaba por "generar" redes de tráfico de personas.
Por último, ha recordado que, en el caso de los procedimientos en el interior del territorio español, la fase de instrucción es de tres meses si bien existen procedimientos "de urgencia" para aquellas personas procedentes de países que no guardan relación con la Convención de Ginebra.
En este sentido, ha aludido a la existencia de "razones humanitarias" en la concesión de protección internacional y asilo que, pese a que son "muy discrecionales", se han venido aplicando por la situación de "especial vulnerabilidad" en el caso de los nacionales venezolanos que solicitan protección en España.
