CIS-F Cantabria pide a Educación la consideración de autoridad pública para los docentes y campañas de sensibilización

Actualizado: jueves, 17 septiembre 2009 11:30

Propone a la Consejería que se elaboren planes específicos y se adopten medidas correctoras

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSI-F Cantabria instó hoy a la Consejería de Educación a reconocer a los docentes la consideración de autoridad pública y adoptar además medidas complementarias como la implantación de planes específicos, campañas de sensibilización y medidas correctoras en los casos que sea necesario.

Para CSI-F, las palabras del Rey en Reinosa durante la apertura del curso escolar y su llamada al refuerzo de la figura del profesor y su prestigio, "abren un nuevo camino claro y nítido de apoyo al profesorado". Y a su juicio, ese apoyo debe acompañarse de medidas eficaces por parte de todas las administraciones educativas.

Así, en un comunicado, el sindicato señaló que el Gobierno de Cantabria "no debe de conformarse con que la Fiscalía haya introducido esta condición del profesorado desde diciembre de 2008", ya que esta medida por sí sola no va a resolver los problemas de violencia en las aulas.

Por ello, el Sector de Enseñanza de CSI-F Cantabria pide a la Consejería que también ella reconozca esa consideración al profesorado, que se elaboren planes específicos y que se conciencie a los alumnos que cometen estos hechos acerca de lo "inadecuado" de su conducta y la punibilidad de la misma.

También propone campañas de sensibilización hacia los padres para que corrijan las conductas de los hijos que cometan estas faltas, y el diseño de un abanico de actuaciones correctoras de estas conductas, "adecuadas y proporcionadas a la falta cometida".

El sindicato quiere que de esta manera se adopten acciones para "eliminar" de raíz un problema que "se está enquistando" en los centros educativos y que "cada día que pase será más difícil su erradicación".

Según dijo, en el caso cántabro la conflictividad se encuentra dentro de unos índices "muy inferiores" a los del resto de España, pero "puede ir en aumento si no se toman las medidas adecuadas, o no se aplica con rigor el decreto que regula la convivencia escolar" en la región. De ahí su insistencia en la adopción de medidas.

El sindicato recalcó que uno de los principales problemas de las aulas españolas es la violencia "de baja intensidad", es decir, no las "graves agresiones" al profesorado que trascienden a los medios de comunicación, sino el "goteo diario que sufre gran parte del profesorado de agresiones menos graves, como insultos, desprecios, desobediencias o descalificaciones".

"Es una violencia que no produce portadas de periódicos, que no conlleva la intervención de la fiscalía y ni siquiera es capaz de sensibilizar a las administraciones educativas a intervenir. Y, sin embargo, este tipo de violencia diaria que se padece en la mayoría de los centros docentes españoles de Secundaria es capaz de desestabilizar psíquicamente al profesorado, desmotivarle para el ejercicio de la docencia, e incluso obligarle a coger una baja que tiene una difícil y lenta recuperación", concluyó CSI-F.