La Fiscalía pide 15 años para los cinco acusados y que tres de ellos indemnicen a la Seguridad Social y proveedores con más de 3 millones
SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Este lunes, 3 de febrero, comienza en la Audiencia de Cantabria a partir de las 9.30 horas el juicio contra los cinco acusados de la quiebra de la constructora Socueva, para los que la Fiscalía pide un total de cinco años de cárcel.
Entre los acusados figura el expresidente de la CEOE de Cantabria, Miguel Mirones, que fue uno de sus administradores y al que se le acusa de un delito societario. El juicio está previsto que dure hasta el 20.
Concretamente, para el expresidente de la CEOE, el fiscal pide un año de prisión y multa de 3.240 euros por un delito societario. Reclama esta misma pena para su hermano, Javier Mirones, y para Miguel Tausía, estos dos también administradores de Socueva.
El fiscal acusa a los hermanos Mirones y a Tausía de "ocultar" las dificultades económicas de la empresa y, para ello, elaborar balances y cuentas de resultados que representaban la "absoluta bonanza" de la empresa.
A Tausía, además de la pena anterior, la Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y multa de 7.200 euros por un delito de insolvencia punible, lo mismo que pide a Miguel Martínez de la Hidalga e Inés Carmen Serna, estos dos por cooperación necesaria de este delito a través de un plan para "vaciar patrimonialmente" a la empresa y transferirlo a otra.
También pide para Tausía, Inés Carmen Serna y Miguel Martínez de la Hidalga --y de forma subsidiaria las empresas, Construcciones Socueva SL, Cota Hispania SA, Construcciones Técnicas Aplicadas Managamet SL y Adproin Gestión SL-- unas indemnizaciones de más de 3 millones de euros (3.036.481 euros).
SOCUEVA
Los orígenes de Socueva se remontan a la década de los 90 del siglo pasado, cuando nació en Santander en 1990 la mercantil Rentiva Correduría de Seguros SL, de la que era administrador único Javier Mirones.
En 1997, esta empresa cambia de denominación a Construcciones Socueva y se traslada de domicilio social --de la calle Lealtad a José Ramón López Dóriga de Santander-- y nombró administradores mancomunados a los hermanos Mirones y a Tausía.
Según el relato del fiscal, en el 2000, los acusados, para que la empresa pudiera continuar con su actividad en la construcción y para "ocultar" las dificultades económicas de la sociedad y "generar confianza" en proveedores de la mercantil, elaboraron balances de situación y cuenta de resultados con referencia al 31 de diciembre de 2000, que representaban una situación económica "de absoluta bonanza" económica en la sociedad.
Además, señala que, con la finalidad de "ocultar la realidad económica" de la empresa, no depositaron las cuentas anuales del 2000 en el Registro Mercantil. En su relato, el fiscal señala que "no consta" que con las actuaciones de los acusados se ocasionara perjuicio a los proveedores de la empresa.
En una junta de 19 de febrero de 2001 es cesado de su cargo de administrador mancomunado Javier Mirones y nombrado en sustitución del mismo Ricardo Hontañón, quien, en unión de Miguel Mirones, renuncia a tal cargo el 29 de junio de 2001 y vende en esa fecha su participación en la empresa.
El 16 de julio de ese año se constituye como administrador único de la empresa Miguel Tausía que, junto a los también acusados, Inés Carmen Serna, y Miguel Martínez de la Hidalga, elaboraron un plan para "vaciar patrimonialmente" a la empresa Socueva transfiriendo su activo a una nueva sociedad, que finalmente adoptará el nombre de Adproin Gestión SL.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la "ilícita" conducta de los acusados ha generado un "grave perjuicio" a las empresas que suministraban a Construcciones Socueva y a la Seguridad Social en más de 3 millones de euros.
Por sentencia del 6 de febrero de 2008, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santander se declaró fraudulenta la quiebra de la sociedad por la irregular actuación de Miguel Tausía con la colaboración de Adproin Gestión, Miguel Martínez de la Hidalga y la empleada de esta sociedad y apoderada de Socueva SL Inés Carmen Serna.
LA DEFENSA PIDE LA LIBRE ABSOLUCIÓN
En contra de estas acusaciones, las defensas de los acusados creen que los hechos no son constitutivos de delito, consideran que "no resultan procedentes" la imposición de pena alguna y tampoco responsabilidad civil.
Todas ellas, muestran su disconformidad con los hechos que describe la Fiscalía y con la pena que solicita ésta y el resto de acusaciones.
EL JUICIO
El juicio se celebrará en la Sala de Vistas Número 3 de la Audiencia Provincial y será la Sección Primera de este órgano judicial quien juzgue estos hechos.
Además del interrogatorio de los acusados, previsto para los días 3,4 y 5 de febrero, por este juicio pasarán más de una treintena de testigos, cuyas declaraciones serán el 11, 12 y 13.
A estas declaraciones, se unirán las de los cuatro peritos el 17 de febrero, que darán paso a las conclusiones de las partes los días 18, 19 y 20 tras las que, según lo previsto, el juicio quedará visto para la sentencia.
Además de la Fiscalía y de los acusados, participan en este juicio como acusación particular, la Tesorería General de la Seguridad Social, varias empresas proveedoras de Socueva y algunos particulares.
