Piden la nulidad de la instrucción por "irregularidades" del juez Luis Acayro Sánchez
SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las defensas del exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza, y el exteniente de alcalde José Miguel Rodríguez López 'KyK', han vuelto a pedir la nulidad del procedimiento de La Loma por "irregularidades" en la instrucción por parte del juez Luis Acayro Sánchez, y han arremetido contra la Junta Vecinal de Santullán -acusación particular- en la que ven "mala fé", por lo que han solicitado la imposición expresa de las costas a esa parte.
Tanto el abogado del exalcalde Muguruza, Ignacio Uriel, como la letrada de Rodríguez López, María Revenga, han vuelto a cuestionar la legitimidad de la Junta Vecinal de Santullán para ejercer como acusación particular en el juicio que se ha celebrado desde octubre en la Sección Tercera de la Audiencia provincial por irregularidades en los instrumentos urbanísticos de desarrollo del SUNP 12 de La Loma.
Legitimidad ejercida en función de la titularidad de unos caminos que, en su opinión, no ha quedado acreditada. El abogado de Muguruza ha afirmado que Santullán ha ejercido una acusación "irresponsable y maliciosa" y que pudo haber recurrido el proyecto de compensación cuya nulidad ahora solicita, pero no lo hizo.
"Lo único" que acepta la defensa de Muguruza es la no acusación por la firma de la licencia de obra de las 46 viviendas construidas por Vallehermoso en el SUNP-12, que está firmada "por persona desconocida", ha dicho Uriel. La Junta Vecinal atribuye la firma a Rodríguez López, pero su abogada ha recalcado que no se ha practicado ninguna prueba que lo demuestre y, por tanto, que permita enervar la presunción de inocencia de su defendido.
Revenga ha afirmado que Santullán ha hecho "un uso torticero" del proceso penal para pedir la nulidad de instrumentos urbanísticos que en su momento no recurrió y que son firmes. Ha insistido en que tras su acusación hay "motivos políticos", porque "subyace un enfrentamiento" del alcalde pedáneo, Julián Revuelta, con Muguruza y el entonces concejal de Obras, Salvador Hierro.
"La Junta Vecinal ha sido la impulsora de la instrucción, ha presenciado las irregularidades del juez instructor", y por una invasión de caminos y un delito de usurpación -ha dicho- "hemos acabado enjuiciando" la tramitación administrativa de todos los instrumentos urbanísticos de un sector. "Nos hemos convertido en una sala contencioso administrativa", ha criticado.
"NI TRAMA DE CORRUPCIÓN NI PELOTAZO"
La abogada de Rodríguez López considera que "no ha quedado acreditado que en Castro existiera una trama de corrupción", como sostuvo el juez instructor, ni "ningún pelotazo urbanístico", como afirma la Junta Vecinal en su escrito final de acusación.
Un escrito que según ha denunciado Revenga, es "totalmente diferente" a los anteriores, lo que "atenta contra las reglas de juego del proceso, vulnera el principio acusatorio y sitúa a su patrocinado "en una posición de total indefensión".
Sobre la Fiscalía, que acusa a Muguruza pero no a Rodríguez López, el abogado del exalcalde ha señalado que tras largos años de instrucción y tres meses de juicio, la fiscal, Pilar Santamaría, sólo dedicó seis minutos de su informe final a intentar demostrar la culpabilidad de su defendido, con "acusaciones genéricas y contradictorias" que demuestran, a su modo de ver, "la poca base" en que se sustenta la acusación de la Fiscalía.
DELITOS Y PENAS
La Fiscalía, tras retirar los cargos el pasado mes de octubre a 39 de los 45 acusados iniciales y limitar el macrojuicio de La Loma al SUNP-12, ha mantenido su acusación contra el exalcalde Muguruza, al que atribuye un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión.
Para el otro exalcalde acusado, Rufino Díaz Helguera, pide cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.
Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales, César Sáiz, le atribuye falsedad documental, prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.
Por su parte, la fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.
Al exarquitecto municipal Pedro Restegui le considera autor de un delito continuado de cohecho por el que solicita cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación de diez años; y al promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina le atribuye un delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.
