La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales elaborará un Plan de Acción para Personas con Discapacidad
SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Casi el seis por ciento de la población de Cantabria tiene reconocido algún grado de minusvalía, según un estudio elaborado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que ha permitido detectar "importantes carencias y lagunas" en la atención de las personas con discapacidad, tanto a nivel "cuantitativo como cualitativo".
Una vez definidas las necesidades de este colectivo, formado por más de 32.800 cántabros, el departamento que dirige Charo Quintana se propone ahora iniciar la elaboración de un Plan Regional de Acción para Personas con Discapacidad que espera tener concluido antes de que finalice la legislatura.
'Mapa de la Discapacidad en Cantabria: población, recursos y necesidades' es el título de este estudio, de 220 páginas, que aporta datos "rigurosos" acerca de la población con discapacidad, sus características (edad, sexo, grado y tipo de minusvalía,...) y lugar de residencia; los recursos existentes y su ubicación geográfica; las necesidades de atención en las diferentes áreas y zonas de salud; y las carencias del sistema de protección.
La consejera del ramo, Charo Quintana, y el director general de Policías Sociales, Julio Soto, afirmaron hoy en rueda de prensa que este estudio es "una buena radiografía social" de Cantabria que permitirá el desarrollo de políticas públicas adecuadas. Destacaron igualmente que este estudio resuelve lo que ha sido una "constante" hasta ahora en Cantabria, "la ausencia de datos precisos" sobre la dimensión de la discapacidad en Cantabria.
MÁS DE 32.800 PERSONAS
Según el 'Mapa de la Discapacidad', un total de 32.875 cántabros tenían reconocido algún grado de minusvalía a diciembre de 2004, lo que equivale al 5,92% de la población. Esta cifra no incluye a las personas que padecen algún tipo de discapacidad pero no han solicitado la valoración de la misma.
De estas 32.875 personas, el 51,17% son mujeres y el 48,83% hombres. El 56,7% tienen edades comprendidas entre los 18 y los 64 años, de lo que se desprende que uno de cada dos discapacitados es una persona "no mayor". El 53,5% -uno de cada dos- tiene un grado de minusvalía leve (del 33 al 64%); el 26,7% -uno de cada cuatro- moderada o severa (65-74%); y el 19,8% grave o muy grave (>74%).
La discapacidad física es la de mayor prevalencia, con un 45%, mientras que la psíquica afecta a uno de cada cuatro minusválidos (24,3%) y la sensorial a uno de cada ocho (11,9%). Los 18 municipios de Cantabria con más de 5.000 habitantes engloban al 77% de estas personas. Esto equivale a decir que el 23% de los cántabros con algún tipo de minusvalía reconocida residen en los 84 municipios restantes, "lo que provoca problemas de atención".
Un total de 30 ayuntamientos superan la tasa media regional de discapacidad (6%), destacando los altos índices de municipios como Tudanca, con un 30%, o San Miguel de Aguayo, Escalante, Anievas y Los Tojos, con valores en torno al 13%. Con tasas inferiores a la media regional sobresalen Castro Urdiales (3,17%), Reocín (2,03%) y Campoo de Enmedio (1,16%). La Consejería cree que estos datos van en función de lo que se estimule en cada zona la solicitud de reconocimiento de discapacidad.
En términos generales, las mayores tasas se dan, "con algunas excepciones costeras", en ayuntamientos del interior y zonas alejadas al Sur con orografía difícil, mientras que los recursos están concentrados mayoritariamente en Santander y Torrelavega. Cantabria está dividida en cuatro áreas de salud y en todas ellas los recursos de atención para personas con discapacidad están concentrados en Santander, Laredo, Reinosa y Torrelavega.
CARENCIAS
El estudio constata la inexistencia de recursos especializados para la atención de las personas con discapacidad en numerosos municipios, algunos de ellos densamente poblados. Como principales "carencias", el director general de Políticas Sociales destacó el "enorme déficit" en los servicios de apoyo en el domicilio, tanto en cobertura como en especialización; el "desequilibrio territorial" de los recursos, que además se centran en la discapacidad psíquica; y un "enorme problema" de transporte adaptado.
La oferta de plazas para personas con discapacidad psíquica, que es pública en su totalidad, supone una cobertura del 25,29% en relación a los usuarios potenciales. Esta media se eleva al 52,13% en el caso de los centros de formación ocupacional; y al 47,72% en centros de día; pero baja al 12,38% en el caso de los centros de rehabilitación psicosocial y al 8,65% en residencias y viviendas.
La consejera destacó que en los dos últimos años se han creado 691 plazas de atención a discapacitados, el 48% de las que existen en la actualidad. Por su parte, el director general puntualizó que "no hay lista de espera en ningún dispositivo", por lo que "se intuye" que existe "una importante bolsa de personas con discapacidad que no están siendo atendidas adecuadamente porque no han salido de sus casas".
