SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha manifestado que en el auto de GFB conocido este lunes percibe la "tremenda dureza" de los jueces en relación con la gestión de los recursos público "tirados" en la fábrica de fibroyeso de Orejo.
A preguntas de la prensa antes de asistir al Pleno del Parlamento regional, Diego ha hecho esta valoración del auto judicial que imputa al exconsejero delegado de Sodercan Salvador Blanco y a todos los miembros del consejo de administración de GFB.
"Con las líneas que he leído percibo la tremenda dureza que utilizan los jueces en relación con los gestores, el señor Blanco el primero, en relación con la gestión de los recursos de los ciudadanos tirados en GFB", ha dicho el presidente regional.
No obstante, Diego ha indicado que no tiene el conocimiento "suficiente" del auto para hacer una valoración más detallada y ha avanzado que su grupo parlamentario (PP) la hará una vez realice una "lectura detenida" y un "análisis" del pronunciamiento del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander.
AUTO
La instrucción judicial sobre GFB, iniciada a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía tras la comisión de investigación celebrada en el Parlamento, no ha conseguido acreditar la existencia de malversación ni delito societario en la gestión de esta empresa participada por capital público.
Únicamente se han hallado indicios de un delito de fraude de subvenciones, por el que se ha imputado al exconsejero delegado de Sodercan Salvador Blanco y a todos los miembros del consejo de administración de GFB.
El juez, Jaime Parra, considera que ha podido cometerse un delito, al menos en grado de tentativa, por la contratación de 45 trabajadores sin formación específica "dirigida exclusivamente a cumplir las condiciones de la subvención" de la administración.
El magistrado mantiene como imputados a los exconsejeros de Economía Ángel Agudo, e Industria, Miguel Ángel Pesquera, así como a Francisco Royano, exdirector general de Sodercan, que ya han prestado declaración, al figurar en el acta de la reunión en la que se adopta ese acuerdo en materia de contratación.
Sin embargo, levanta la imputación del exconsejero delegado de Sodercan José Villaescusa, al no haber tomado parte en el Consejo de Administración que adoptó el acuerdo que se estima delictivo.
Los otros seis imputados junto con Salvador Blanco son los expresidentes de GFB Max Fischel Mora y Sebastián Tena Pujol; el exdirector, Mario Esquivel; el cántabro Leandro Sainz de la Riva, Carlos Alvarez Novoa y Carlos Peña Boada, en su mayoría miembros del grupo costarricense Euroamérica, que constituyó junto con Sodercan GFB.
Para realizar estas nuevas imputaciones, el juez se basa en las actas de GFB en las que "expresamente se señala que hay que proceder a la contratación de 45 trabajadores más para cumplir las condiciones de la subvención"; y las manifestaciones recogidas por la Policía durante la investigación, entre ellas las de trabajadores que afirmaban no tener "ningún trabajo" y que "se dedicaban a perder el tiempo jugando a las cartas o al fútbol".
