En cumplimiento del Código Etico de su partido
SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Santoña María Antonio Alonso y Jesús Valle registraron ayer su renuncia al acto tras recibir la notificación de la apertura de juicio oral contra ellos por un presunto delito de prevaricación relacionado con el fraccionamiento de contratos entre los años 2003 y 2009, durante el mandato de la exalcaldesa Puerto Gallego, también acusada junto a cinco exediles.
En declaraciones a Europa Press el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, ha destacado que sus compañeros de equipo de Gobierno "no han esperado ni un segundo" a presentar su dimisión ayer mismo tras la notificación del auto de apertura de juicio oral.
Y ha destacado que lo hacen, no sólo en cumplimiento del Código Ético del PSOE, que obliga a sus cargos públicos a dimitir si se les abre juicio oral, algo que "no tiene ningún otro partido", sino también por convicción personal, porque "quieren alejarse de la vida pública para poder defender su honradez y su honorabilidad".
El alcalde ha criticado que la instrucción de una causa "así de sencilla" se haya demorado durante "diez años", durante los cuales han tenido que "soportar todo tipo de comentarios, acusaciones y publicaciones que vulneran el principio de presunción de inocencia".
Abascal ha destacado que cree "firmemente en su inocencia" y se ha mostrado convencido de que la sentencia será "absolutoria", máxime cuando en su opinión, los hechos que se imputan "confunden una situación de irregularidad administrativa que se va solventando con el paso del tiempo, con un delito".
El regidor discrepa "absolutamente" respecto a la acusación de fraccionamiento de contratos y recalca que "en algunos casos, no había ni contratos".
Junto a Puerto Gallego y Alonso y Valle, están también acusados seis concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil y Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda.
El Ministerio Fiscal ha solicitado para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009.
La misma pena de ocho años pide el Partido Popular, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada en su día por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, y que reclama, por su parte, nueve años de inhabilitación para los nueve acusados.
