Uno de sus subordinados dice que ellos iban a ir a cobrar la chatarra de la nave de Solvay porque él se negó
SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha mantenido las penas contra los tres responsables de mantenimiento del Puerto de Santander acusados de quedarse con dinero de la venta chatarra, a quienes considera autores de un delito de malversación de caudales públicos y para los que pide cuatro años de prisión a cada uno e inhabilitación para empleo público de diez años.
En la sesión celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial, todas las partes han elevado sus conclusiones a definitivas, tanto la acusación, ejercida por la Fiscalía y la Autoridad Portuaria --que solicitan las misma pena--, como la defensa, que considera que no existe delito y por tanto que no debería haber condena.
Los letrados y el fiscal presentarán sus informes finales mañana jueves, y no hoy como en principio estaba previsto, en la última sesión del juicio, y el jurado emitirá su veredicto el viernes.
En la sesión de hoy, han testificado varios empleados del Puerto --dos camioneros subordinados de los acusados, un técnico de seguridad industrial y riesgos laborales, un jefe de recursos humanos y una agente de Policía Portuaria-- y el representante de una de las chatarrerías a las que se llevaba material.
Los dos camioneros --uno de ellos sigue siendo subordinado de dos de los acusados actualmente-- han reconocido haber recibido órdenes de sus jefes de mantenimiento de llevar el material a la chatarrería y han manifestado que "normalmente" les pagaban en metálico.
Así, uno de ellos ha declarado que hizo varios viajes con chatarra procedente del desmantelamiento de la nave de Solvay y se negó a cobrarla porque era "mucho dinero" y tenía miedo una posible sanción de Hacienda, al figurar en el albarán su nombre y su DNI.
Por ello, según ha contado, sus superiores le dijeron que irían ellos a cobrar y ha asegurado que antes de este hecho no le habían advertido de que tenía que recibir vales de pesada en lugar de efectivo, tal y como defendieron los acusados, que insistieron en que solo recuperaban esos vales y no tenían contacto con el dinero.
Asimismo, uno de los conductores ha reconocido haber estado en "unas cuantas" comidas de empleados y jubilaciones en las que "en general, estaba todo pagado" con el dinero de la chatarra, en este caso la generada de los recortes del taller, que según los testigos, a diferencia de la de la nave de Solvay era "poca cantidad".
Por su parte, el jefe de recursos humanos ha confirmado que "históricamente era conocido" que la cantidad de esos restos se usaban para pagar las comidas, por lo que aunque "no le consta" que estuvieran autorizadas, sí estaban "consentidas".
POLICÍA PORTUARIA
Tanto este último como el resto de testigos --a excepción de los conductores-- han respondido a preguntas de las partes sobre la actuación de la Policía Portuaria, ya que la defensa manifestó que existía cierta "enemistad" del agente que inició la investigación con uno de los acusados, que ya testificó ayer y dijo que lo hizo al ver movimientos de material en el Puerto de los que no tenía comunicación.
Sin embargo, una de las policías ha dicho que "sí estaban comunicados" y que ella misma vio la autorización para llevar a cabo el desmantelamiento.
Además, los testigos han aclarado que la Policía no tiene "ninguna competencia" fuera del recinto portuario, mientras que este responsable de Policía acudió a una de las chatarrerías a comprobar su libro de registro.
Según la versión del fiscal, los hechos ocurrieron entre 2009 y 2011, cuando empleados del Puerto subordinados a los acusados se encargaban de llevar los materiales a tres chatarrerías y después les entregaban el dinero que les pagaban por ellos. De este modo, durante los casi tres años que duró esta práctica habrían obtenido 25.738 euros, de los que solo se ingresaron en caja 3.800 euros.
