Pide inhabilitación para el resto de ediles y funcionarios imputados y el sobreseimiento para los promotores y el redactor del PGOU
SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita penas de prisión para el ex alcalde de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y para el ex secretario municipal César Saiz por el denominado caso Urdicam, mientras que para el resto de concejales y funcionarios imputados --incluido el actual alcalde, Fernando Muguruza-- pide inhabilitación y, según los casos, también multa.
Por contra, propone el sobreseimiento de la causa para el ingeniero redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como para los promotores, responsables y técnicos de las empresas que construyeron en la zona ya que, a su entender, no se ha acreditado que estuvieran al tanto de las presuntas irregularidades en las modificaciones urbanísticas, ni que existiera "connivencia" con el Consistorio.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, instructor de las diligencias del caso Urdicam, en un auto dictado el pasado mes de enero apreciaba indicios de delito en 32 personas a las que imputaba por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.
El juez imputaba en concreto a 16 ediles de las corporaciones 1999-2003 y 2003-2007, al ex secretario municipal y cuatro trabajadores del Ayuntamiento que emitieron informes favorables al estudio de detalle y la concesión de licencias, así como a once personas más (promotores, constructores y técnicos de las empresas Izarra, Promociones Cotolino y Urdicam).
La Fiscalía, en cambio, en su escrito de acusación, en el que pide que se abra juicio en la Audiencia Provincial, recorta la lista de imputados, de la que saca al redactor del PGOU y a los representantes de las empresas.
En paralelo, reduce también el abanico de delitos imputados, al desaparecer los supuestos delitos de estafa y contra la ordenación del territorio que el juez achacaba a las empresas. Con ello, las imputaciones del Ministerio Público son por presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental.
CASO URDICAM
El conocido como 'caso Urdicam' investiga las presuntas irregularidades que se sucedieron en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, un desarrollo iniciado por la Corporación de la legislatura 1999-2003 y continuado después por la de 2003-2007.
Según explica el fiscal, lo sucedido en esta zona se enmarca en el "desarrollo urbanístico explosivo" vivido por este Ayuntamiento en los últimos años, en el que no se ha seguido un "uso racional" del suelo. Un desarrollo urbanístico que, de acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas, se caracteriza por la "absoluta falta de control y rigor".
A esto se unen, además, los "desfases patrimoniales generalizados" detectados por la Agencia Tributaria en "la mayor parte" de las personas que han tenido responsabilidades municipales o en personas relacionadas directamente con ellos.
En el caso concreto de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34, las modificaciones urbanísticas aprobadas por las dos corporaciones --en muchos casos con informes desfavorables-- permitieron construir un vial no previsto en el planeamiento municipal, "en beneficio de los promotores y propietarios de terrenos" en esa zona. Además, todo ello supuso la pérdida de unos 2.000 metros cuadrados en equipamientos públicos cuyo valor se estima en unos 2,4 millones de euros.
Para la culminación de ese desarrollo urbanístico, el Consistorio adoptó sucesivos acuerdos que la Fiscalía considera contrarios a la legalidad y, además, afirma que se llegaron a falsificar documentos públicos al remitir un anuncio al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) sobre uno de los acuerdos y al inscribir otro de ellos en el Catastro.
ACUSACIONES
La Fiscalía señala como presuntos responsables de los hechos a los concejales que apoyaron la aprobación de los sucesivos acuerdos, al ex secretario municipal y a algunos funcionarios.
Sólo pide cárcel para dos de ellos. En concreto, pide tres años de prisión y una multa de 4.500 euros para el ex alcalde Rufino Díaz Helguera por la supuesta falsificación en la documentación remitida al BOC sobre la aprobación inicial de la modificación del PGOU.
Otro tanto solicita para el ex secretario César Saiz, por los mismos hechos, pero en su caso pide también otros tres años más de cárcel y 6.000 euros de multa por alterar supuestamente la documentación enviada al Catastro en relación a la inscripción de parte de las parcelas. Tanto para Díaz Helguera, como para Saiz se pide también la inhabilitación.
También se proponen diferentes penas de inhabilitación para el resto de funcionarios y concejales imputados, entre los que se encuentran el actual alcalde, Fernando Muguruza --en prisión provisional por el caso La Loma--. Los años de inhabilitación dependen del número de delitos imputados a cada uno de ellos, por lo que habría que sumar distintas peticiones.
Por ejemplo, para quienes participaron en la supuesta modificación irregular del Plan General se piden siete años de inhabilitación; otros nueve para quienes intervinieron en el proceso de aprobación del estudio de detalle de la unidad 1.34; diez años más a los imputados por la tramitación del proyecto de reparcelación; y nueve meses por la concesión de licencias. Además, quienes aprobaron las licencias de la unidad 1.34 deberán pagar multas de 18.000 euros.
Asimismo, los responsables de los supuestos delitos en la modificación del PGOU, el estudio de detalle y la reparcelación deberán responder conjuntamente de los daños patrimoniales causados al municipio por la pérdida de los 2.000 metros cuadrados de equipamientos, una cuantía que, subsidiariamente, deberá afrontar el propio Ayuntamiento.
EMPRESAS
Por último, la Fiscalía propone el sobreseimiento y archivo provisional para el redactor del PGOU, al que imputaba el juez por elaborar algunos informes para la modificación del Plan General y para el proyecto de reparcelación.
Lo mismo plantea respecto a las empresas que obtuvieron licencias en la zona, a los que el juez imputaba delito contra la ordenación del territorio por construir sobre un arroyo y estafa por vender viviendas amparadas por modificaciones urbanísticas supuestamente ilegales.
El fiscal cree que no ha quedado acreditado que se construyera sobre dominio público hidráulico ni que las empresas conocieran la "injusticia" de las resoluciones urbanísticas, sus vicios y su carácter ilegal", con lo cual, piensa que no se ha probado que vendieran las viviendas utilizando el "engaño".
