La flota pesquera cántabra recibe ayudas por 994.000 euros para su modernización

Barcos de pesca
EP
Actualizado: lunes, 27 diciembre 2010 11:16

SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59 pesqueros cántabros han obtenido ayudas por importe de 994.468 euros para una inversión que suma 2.486.169 euros destinada a la modernización de los buques.

Así, las ayudas correspondientes a este año 2010 ascienden a 384.886,30 euros para unas inversiones que suman 962.215,74 euros. El número de buques beneficiarios es de catorce y algunas de las ayudas alcanzan casi los 61.000 euros.

Y para el 2011, las subvenciones suman 609.581,42 euros para una inversión total de 1.523.953,54 euros. En este caso el número de buques beneficiarios asciende a 45, con ayudas que en algún caso superan los 100.000 euros.

Así consta en una resolución de la Dirección General de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, sobre el resultado de la Orden que convocó, para 2010-2011, ayudas a las inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad, de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca (2007-2013).

Según señala la resolución, consultada por Europa Press, la finalidad de estas ayudas es contribuir a la modernización de la flota pesquera de Cantabria, mediante la financiación de inversiones a bordo de los buques pesqueros.

Las inversiones van destinadas a mejorar la seguridad de los trabajadores, sus condiciones de trabajo, la habitabilidad y la calidad e higiene de los alimentos, así como la de aquellos equipos, artes o motores que mejoren significativamente el rendimiento energético y que reduzcan las emisiones y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, con una cuantía total máxima de 385.700 euros, y de 614.300 euros para el 2011.

Las ayudas serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado, estando sujeta la aportación comunitaria a un límite máximo del 95% de los gastos públicos totales.