SANTANDER/MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuyas empresas están en quiebra o concurso de acreedores, abonó en prestaciones 9.766.449 millones de euros en los siete primeros meses del año.
Esa cantidad sitúa a Cantabria a la cola de las comunidades autónomas, sólo por delante de Baleraes (9,54), Extremadura (9,51 millones), La Rioja (6,7 millones de euros), y Ceuta y Melilla (347.800 euros).
Por el contrario, Cataluña y Comunidad Valenciana, como es habitual, concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa durante los siete primeros meses del año. Así, en Comunidad Valenciana el desembolso fue de 185,8 millones de euros, mientras en Cataluña se abonaron 174,8 millones en prestaciones.
Por detrás figuran Andalucía (72,8 millones), Madrid (68,8 millones), País Vasco (65,1 millones), Aragón (31,3 millones), Castilla y León (30,4 millones), Galicia (27,8 millones), Castilla-La Mancha (26,8 millones), Murcia (17,8 millones), Asturias (16,4 millones), Navarra (13,8 millones), Canarias (11,4 millones) y Cantabria (9,7 millones).
Del total abonado hasta julio en todo el país, 604,7 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y 174,8 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 73,1% y del 46,8%, respectivamente, sobre igual periodo de 2009.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Entre enero y julio, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 59.059 empresas, un 46,8% más que en igual periodo de 2009, y a 143.986 trabajadores, un 44% más.
