Celebrado el juicio sobre la nulidad del Congreso Regional, que ha quedado visto para sentencia
SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La gerente del PP de Cantabria y presidenta de la comisión organizadora del XII Congreso Regional del partido, Jesusa Sánchez, ha defendido la legalidad de los pagos de cuotas a terceros, de modo que los que así se efectuaron en dicho cónclave fueron "mayoritariamente aceptados" por los miembros del órgano colegiado y admitidos como "lícitos" a pesar, ha admitido, que en los estatutos de la formación no aparece regulado expresamente ese procedimiento.
Así lo ha declarado Sánchez en el juicio celebrado este martes en el que se han visto las dos demandas que solicitaban la nulidad del proceso, en el que María José Sáenz de Buruaga se hizo con la Presidencia del PP al vencer por cuatro votos al candidato a la reelección, Ignacio Diego. En la sesión, la gerente ha señalado que se realizaron "muchísimas" operaciones de este tipo -"más de 1.300" por parte de ambas candidaturas- por lo que considera "legítimo" y "válido" el pago -denunciado como irregular- de 511 cuotas efectuado desde la cuenta de un militante de Laredo, que supuestamente tiene una discapacidad.
"Es un afiliado. Tiene derecho a hacerlo, como lo ha hecho otras personas", ha sostenido la gerente del PP, para quien lo contrario hubiera sido "discriminatorio". En el juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander y que ha quedado visto para sentencia, han declarado el resto de testigos, incluido el militante pejino en cuestión, aunque lo ha hecho a puerta cerrada a petición del abogado del PP
Este afiliado ha manifestado a preguntas de los letrados -y según han expuesto en el turno de conclusiones- que abrió una cuenta bancaria para los citados pagos (estar al día con las cuotas del último ejercicio era requisito para participar en el Congreso) porque "quería ayudar a Buruaga", es decir, que lo hizo "en beneficio" de quien había sido secretaria general del PP cántabro y optaba a ser presidenta, han apostillado los representantes de los demandantes, afines a Diego.
A este respecto, la gerente (desde el año 2002) y presidenta de la comisión organizadora -optó a ese cargo tras la dimisión de Santiago Recio para formar parte del equipo de Diego y ante las "tensiones ya patentes" de las dos candidaturas- ha reconocido que este afiliado figuraba entre las personas "vinculadas" a Buruaga, y era de "su círculo más cercano".
Sánchez, que no le conocía (le ha visto hoy por primera vez) ha explicado que el órgano encargado de organizar el Congreso -compuesto por nueve personas- acordó desestimar la reclamación hecha sobre ese pago masivo de cuotas a través de una sola cuenta al entender que era "perfectamente legal" además de "habitual", como ha subrayado Miguel López, miembro de la mesa del Congreso y alcalde de Selaya, y como ratificó Génova tras una consulta a los servicios jurídicos del PP nacional, que concluyó que era "válido".
Abogado de profesión, el regidor pasiego y otros integrantes con experiencia o formación en Derecho entendieron que este método se ajustaba a los estatutos del PP y reglamento del Congreso, y se opusieron así a la reclamación del diputado Carlos Albalá, también miembro de la comisión y que ha declarado como testigo.
El parlamentario ha asegurado que "nunca" había visto un pago delegado de 511 transferencias, y ha precisado que según los estatutos la domiciliación de cuotas en una misma cuenta solo se permite a la unidad familiar. Además, debe constar nombre y apellidos de la persona en cuestión, según ha subrayado Lorena García, que firmó junto con Recio una de las demandas de nulidad.
Así, para Albalá estas operaciones hechas de "manera irregular" constituyen "un caso único", y se ha quejado también de que ante una situación "tan extraordinaria" la comisión no le dejara consultar las cuentas del PP, no para comprobar la contabilidad, sino los últimos extractos bancarios, con lo que cree que "se vulneró la garantía de transparencia".
Su compañera en el Parlamento Mercedes Toribio ha admitido en el juicio -como también han hecho otros testigos- que pagó las cuotas de cuatro afiliados del municipio previa autorización, y ha contrastado sus ingresos -en los que aparece nombre y apellidos de los interesados- con los de Laredo, en los que figuran DNIs.
Esta diputada también es presidenta de la junta local del PP en Los Corrales de Buelna y portavoz municipal y, por tanto, compromisaria nata, que avaló a Diego. Pero ha precisado que no tuvo que comunicar dicha condición a la dirección autonómica, que lo conoce desde el principio de cada legislatura, cuando se constituyen los ayuntamientos. "El PP sabe automáticamente quienes somos natos" ya que el "contacto" a nivel local y regional es "directo".
Sin embargo, y según ha declarado Rodolfo Canal, presidente de la junta local del PP de Medio Cudeyo, él "reunía los requisitos" para ser compromisario nato en base a este cargo, condición que se le denegó por comunicarlo "fuera de plazo" -de forma "extemporánea", ha dicho la gerente-, aunque él entiende que es "inherente" a su puesto, que "no tiene que ser solicitado". Este afiliado, que participó como electo, considera que la junta local del municipio -en su mayoría 'dieguista' se vio "perjudicada" al ser "privada" de un voto. También ha denunciado que el listado con los compromisarios natos "se modificó" pues se metieron "con calzador tres personas en tres listas distintas".
Al hilo, uno de los compromisarios en el proceso, Antonio Montoro, ha declarado, tal y como denunció en comisaría el día de las votaciones del Congreso (25 de marzo de 2017), que en las mesas cuatro y cinco -de un total de seis- había personas que estaban "anotando a mano" en las listas a otras, a las que se "permitió votar". Extremo que puso en conocimiento del comité de derechos y garantías sin obtener respuesta.
Carlos Percha, afiliado de Medio Cudeyo ha comentado que cuando fue a recoger la documentación para las elecciones de compromisarios a la sede del PP había "mucha gente. Parecía una romería. Había mucho jaleo", ha indicado, mientras que María Ángeles Pérez ha afirmado que afines a Buruaga "entraron sin hacer cola". A la gerente le llamó la atención esa "afluencia masiva" y que todos acudieran a la misma hora, incluso antes de lo previsto, en vez de escalonadamente, y que hubiera personas "notoriamente vinculadas" a Diego, incluido Recio, que "daba la impresión de que estaba pasando lista". "Creo que hubo instrucciones y fue algo organizado", ha comentado.
CONCLUSIONES
Tras la declaración de los testigos, los abogados han expuesto sus conclusiones. El del PP ha esgrimido que el pago de terceros no es una "anomalía", sino "legítimo, normal, común y muy numeroso" en el partido cántabro, y ha indicado que el afiliado de Laredo decidió "libremente" apoyar a Buruaga ofreciéndose a abrir una cuenta y ceder las claves de la misma. También ha indicado que la información de datos "fluyó entre los afiliados" de uno y otro bando, sin cesión "ilegal" de ningún censo, y ha recordado que el voto fue "secreto y libre". Ha dicho que los afines a Diego "no han sabido perder" y pretenden "conseguir en sede judicial lo que no han conseguido con votos".
Los abogados de los demandantes han sostenido que se trata de una "farsa" y "contubernio", con el militante pejino -"muy manipulable" y "vulnerable"- como "figura decorativa" pues "no intervino en ninguno de los pagos", que fueron hechos por el hermano y el marido de Buruaga, el esposo de la diputada Isabel Urrutia, el parlamentario Iñigo Fernández, la actual secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, y desde Madrid, en una "maniobra" para "alterar el resultado", con "multitud de firmas falsas". También se han preguntado si el dinero que fue a la cuenta del afiliado de Laredo procedía y fue "del partido al partido".
