SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional aplicará la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para fijar las indemnizaciones que percibirán los afectados por viviendas con sentencia de derribo, decisión que el colectivo que les agrupa, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ha tachado de "golpe durísimo" y "puñalada en el corazón", toda vez que, según su portavoz, Antonio Vilela, supone para ellos una pérdida patrimonial superior al 60%.
Así lo ha expresado al término de una reunión con el presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el diputado del PP Iñigo Fernández, celebrada este sábado en el Parlamento autonómico, donde los representantes de AMA también han sido recibidos por portavoces de los grupos Socialista y Regionalista, Miguel Ángel Palacio y Rafael de la Sierra, respectivamente, y por el jefe del Legislativo, José Antonio Cagigas.
Vilela, que ha tachado de "frustrante" la reunión, ha lamentado que el Gobierno les haya confirmado que para valorar las viviendas condenadas a la demolición se vaya a regir por los criterios del citado fallo, que fija la cuantía de la indemnización que el Ayuntamiento de Argoños tendrá que pagar a los propietarios de tres casas de la urbanización Pepín Cano de Argoños, y que, como ha indicado, equivale al valor de las escrituras más el IPC hasta el momento en que se dicta sentencia.
Esto supone, para los que no tienen "culpa de nada" y no han hecho "nada ilegal", una pérdida de más del 60 por ciento de su patrimonio. "Eso no es hacer justicia", ha opinado Vilela, que ha criticado tanto a los representantes políticos como a los jueces.
Por su parte, el presidente del Gobierno, que se ha dirigido primero a los medios de comunicación y después a los cerca de 200 afectados de AMA concentrados en el exterior del Parlamento, ha explicado que el Gobierno tiene que "cumplir" la ley y "respetar" las sentencias y "el dinero de todos los cántabros", así como evitar extremos que puedan incurrir en un delito de malversación de fondos o prevaricación.
De todas formas, Ignacio Diego ha reiterado, ante los periodistas y los manifestantes, el compromiso de su Gobierno con los afectados, y ha destacado que antes de que acabe el año estarán legalizadas del orden de 400 de las cerca de 600 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria, gracias a las autorizaciones provisionales.
Así, tras iniciarse el proceso con la concesión de estas autorizaciones a viviendas de Escalante, seguirá, antes del verano, con las casas afectadas de Miengo, y, después, a partir de septiembre, con las de Piélagos, para acabar el año con las de Argoños, según ha citado.
Y a los propietarios del resto de construcciones, las que no encajen en este planeamiento del Ejecutivo, se les irá construyendo su casa, "vivienda por vivienda", antes de que la actual sea demolida, ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
