SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, ha cifrado en cuatro euros por cántabro al mes el coste medio del incremento fiscal previsto en el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, principalmente a través de la implantación del tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, conocido como 'céntimo sanitario", y el aumento del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Durante una interpelación del PRC sobre el 'céntimo sanitario', la consejera ha calculado el impacto del céntimo sanitario en ocho euros al mes aproximadamente para una familia --dos euros por persona--, con un importante uso y alto consumo del vehículo, que tiene que desplazarse todos los días de Santander hasta Torrelavega.
La consejera denunció que las 83.000 facturas de deuda hospitalaria que el anterior Gobierno dejó sin reconocer, afectan no sólo a grandes industrias farmacéuticas sino también a pequeñas y medianas empresas, entre ellas "más de un centenar" de Cantabria.
En cuanto al canon de saneamiento, señaló que la subida es del 30%, "muy inferior" a la promovida por el anterior Gobierno, que cifró en el 205%, y subrayó que "sigue quedando por debajo del coste del servicio". Según el Ejecutivo, la incidencia sobre el recibo del agua será de tres euros al mes por vivienda. Mientras tanto, la tasa de residuos "se traslada directamente" a los Ayuntamientos, que tendrán en su mano repercutirlo o no a los ciudadanos.
La diputada del PRC Alodia Blanco criticó los incumplimientos del PP que prometió bajar los impuestos y, sin embargo, ha creado "una auténtica ratonera fiscal", incrementando impuestos que gravan a todos los cántabros por igual y que en el caso del canon de saneamiento supondrá, según sus cálculos, 36 euros al año "aunque no abran el grifo". Además, alertó de la "caja de truenos" que se puede abrir si el Tribunal Europeo declara ilegal el impuesto sobre los hidrocarburos.
En alusión a las promesas incumplidas del PP, denunció que "habría que elevarlo a la categoría de delito electoral, porque es una tomadura de pelo como no se ha conocido en esta región", dijo.
