El Gobierno inicia el trámite de la modificación de la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo del ICASS

ICASS (Instituto Cántabro De Servicios Sociales)
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 11 junio 2012 22:05

Buruaga convoca al Consejo del ICASS al no recibir propuesta de los sindicatos para acercar posturas en La Pereda y el centro de Castro


SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha convocado para este miércoles al Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para presentar a los sindicatos la propuesta de decreto que modificará la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo del mismo, como paso previo a la recolocación de los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia de La Pereda y del Centro de Día de Castro Urdiales.

Sáenz de Buruaga ha decidido convocar el Consejo General del ICASS, y continuar así con el procedimiento que exige la ley, después de haber esperado durante tres semanas una propuesta conjunta, que los sindicatos se comprometieron el 23 de mayo a enviar y que no ha llegado, según ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

No obstante, la consejera ha hecho hincapié en que el Gobierno mantiene "su voluntad de dialogo y está abierto a la negociación" en cualquier momento del proceso.

De acuerdo con la Ley de creación del ICASS, el Consejo General es competente para conocer e informar la estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo del Instituto, que se aprobarán mediante decreto del Consejo de Gobierno.

Una vez informado por el Consejo General, el proyecto pasará a informe de la Dirección General de Función Pública. Posteriormente, el decreto se someterá a negociación en la Mesa Sectorial de Función Pública.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

La propuesta de la Administración consiste en recolocar a 81 trabajadores funcionarios y laborales fijos del CAD de La Pereda y el Centro de Día de Castro Urdiales en otros departamentos y centros del ICASS, la mayoría en los Centros de Atención a la Dependencia de Laredo y Santander, para hacer posible la apertura de 64 plazas residenciales nuevas en estos dos centros.

Esta reestructuración supondrá la amortización de un máximo 85 puestos de trabajo, todos ellos de personal temporal o interino, si bien el personal eventual del Centro de Día de Castro Urdiales deberá ser subrogado por la empresa que resulte adjudicataria del contrato de gestión de servicios.

Para recolocar al personal, se modificará la dependencia orgánica de los puestos de trabajo, que quedarán integrados en la estructura del centro de destino, evitando en lo posible la movilidad geográfica y, en todo caso, con máximo respeto a los derechos de los trabajadores.

En aquellos supuestos en los que el traslado del trabajador fijo lleve necesariamente aparejada la movilidad geográfica, el criterio utilizado será el de menor antigüedad en la administración, al igual que en el caso de la rescisión de los contratos laborales temporales o la revocacion de los nombramientos interinos.

Antes de formular esta propuesta al Consejo General y, por razones de interés público, la dirección del ICASS ha decidido trasladar a dos empleados de servicios del CAD de La Pereda a la Residencia de Cueto. El motivo es que ya han dejado La Pereda 49 residentes, con lo que, a día de hoy, permanecen en esta residencia 88 trabajadores para atender a poco más de 40 usuarios.

"DIFÍCILMENTE JUSTIFICABLE"

Según el ICASS, sería "difícilmente justificable contratar más personal para cubrir las necesidades generadas por los traslados de residentes a Cueto, lo que respalda por sí mismo la decisión adoptada, dirigida a prestar un servicio de calidad y basada en criterios de eficiencia en la gestión".

Esta decisión ha sido adoptada al amparo de la Ley de Medidas Administrativas y Económicas para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, que entró en vigor el 2 de junio y que establece que las secretarias generales y, en su ámbito, la dirección del ICASS, podrán proceder a asignar al personal a lugares distintos a los de su destino cuando consideren que existen prioridades de la actividad pública, con necesidades efectivas de destino.