Reitera que sus prioridades son mejorar la calidad de vida de los residentes y contratar a más trabajadoras
SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha reiterado que su compromiso con el sector de la dependencia se basa en la mejora de la calidad de vida de los residentes de los centros asistenciales y en contratar a más trabajadoras, y ha asegurado que no va a tolerar "más presiones" por parte de la patronal para atender "exclusivamente" sus intereses y aceptar el 100% de sus reivindicaciones.
Así ha respondido el Ejecutivo a las críticas realizadas este viernes por las tres organizaciones mayoritarias del sector, Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma de Atención de la Dependencia (PAD) y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), que han pedido que desde el Parlamento "se controle" la actuación de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, en este tipo de centros.
En un comunicado, el Gobierno señala que, tras dos años de diálogo, las prioridades del departamento de Política Social que dirige Díaz Tezanos, "están claras y la postura es inamovible, a pesar de chocar con los intereses de la patronal", cuyas peticiones son "insaciables" y "están sobrepasando todos los límites".
En este sentido, las directoras generales de Política Social, Ana Isabel Méndez, y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, señalan que han atendido durante dos años, además de las "exigencias" de la patronal, a los sindicatos y a representantes de los usuarios, porque su "obligación es escuchar a todas las partes y tomar las mejores decisiones según estas prioridades, sin perder de vista la sostenibilidad del sector".
Ambas aseguran que "seguramente ningún proceso de diálogo ha durado tanto como éste", pero precisan que "el diálogo no puede ser eterno y el Gobierno tiene que tomar decisiones y no dejar pasar más tiempo".
"Los acuerdos significan renuncias por todas las partes y no puede haber un diálogo eterno ni demandas insaciables. Hay que poner punto final a este proceso y lo hacemos con un 85% de las peticiones contempladas", sentencian ambas directoras generales, quienes consideran que "ha llegado el momento" de que el Gobierno defienda las prioridades de la ciudadanía y tome las decisiones que le competen.
Para Lois y Méndez, "las tensiones con los proveedores de servicios de dependencia son evidentes, y parece que sólo el Gobierno entiende que no partimos de los mismos intereses, y eso se ha demostrado en las cuestiones que nos han exigido".
Y añaden que la ciudadanía y los trabajadores de los centros "tienen que saber de qué cuestiones hemos estado debatiendo y que partimos de posturas divergentes".
Así, recuerdan que en la mesa se sentaron a negociar personas que, además de prestar servicios de dependencia, son empresas constructoras de centros, lo que llevó a la administración a "defender los metros cuadrados de una habitación para dar dignidad a una persona, o que una persona pueda ver por la ventana de su habitación si está sentada en silla de ruedas", algunas cuestiones en las que ambas posturas divergen.
A pesar de las diferencias, el Gobierno alcanzó un acuerdo en noviembre del año pasado con los tres representantes de la FED, la PAD y Lares, acuerdo que, dicen, "reconocen en privado, pero que niegan en público".
TERMINAR CON LAS PETICIONES "INSACIABLES"
Por ello, creen ha llegado el momento de poner "punto y final" a sus peticiones "insaciables", después de más de dos años de un diálogo en el que han intervenido 19 personas expertas en la materia y que, recuerdan, "han sido protagonistas" de toda la puesta en marcha en Cantabria de la ley de Dependencia y de su gestión en estos años.
Para las directoras generales, "el tono que están adquiriendo las declaraciones de estas organizaciones de la patronal es intolerable".
Además, el Gobierno niega que haya obligado a la patronal a aceptar la normativa vigente y precisa que les ha comunicado que la financiación adicional que se prevé inyectar en el sector este mismo año es para realizar mejoras en los centros y se contrate más personal.
Asimismo, tanto Lois como Méndez no entienden "las presiones" de la patronal cuando se acaba de publicar una subida de los precios para estos proveedores de servicios y que han supuesto 2,4 millones más a partir del 1 de enero de 2018, y que "sigan presionando" y recuerdan que este esfuerzo del Gobierno es lo que puede ofrecer a un sector que "está financiándose principalmente sobre las espaldas de los cántabros porque el Gobierno de España nos debe 208 millones de euros".
El Ejecutivo recuerda, además, que el PP cerró su legislatura con 1.507 personas beneficiarias menos que las que había en 2011, y por el contrario este Gobierno ha recuperado 1.608 personas que están beneficiándose de las prestaciones de dependencia.
Además, asegura que los recortes en dependencia se produjeron en la legislatura pasada, cuando el PP redujo en "sólo" dos años la inversión en plazas concertadas en 12 millones de euros. "Este Gobierno no sólo no ha recortado, sino que ha subido la financiación y lo hará más en los próximos meses. ¿Es lógico que protesten cuando les suben la financiación y no protesten cuando les recortaron?", se preguntan las directoras generales.
Así, citan las 516 nuevas plazas concertadas, reapertura de centros, un programa de mejora de la calidad asistencial que ha llegado a 53 centros con "muy buena valoración", la reducción del copago en un 18% de media, la recuperación de la gratuidad de la teleasistencia y el incremento de las horas de ayuda a domicilio.
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
Por otro lado, el Gobierno precisa que los grupos de trabajo formados por las consejerías de Política Social y de Sanidad para la colaboración bilateral en materia sociosanitaria se reúnen "de forma periódica y constante" para abordar de forma coordinada la atención sociosanitaria de los pacientes cántabros.
En este sentido, la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora, desmiente "rotunda y categóricamente" que ambas consejerías no se reunían desde hace más de un año, tal y como dicen FED, PAD y Lares.
Reitera que "en ningún momento" ha hecho esas afirmaciones puesto que es "totalmente falso" que las consejerías no se reúnan", y asegura que los grupos de trabajo siguen trabajando con normalidad y mantienen reuniones periódicas para abordar distintos temas en materia sociosanitaria.
