Gobierno regional y TSJC estudiarán la próxima semana el refuerzo de plantillas para agilizar la ejecución de sentencias

Actualizado: miércoles, 7 mayo 2008 13:56

El TSJC reclama un nuevo juzgado de lo penal, más medios materiales y personales y una mejora del sistema informático

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cántabro se reunirá la próxima semana con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para estudiar medidas que permitan agilizar la ejecución de sentencias en los juzgados de lo penal. Una de esas medidas, según señaló hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, será el refuerzo de las plantillas de los cuatro juzgados de lo penal de Santander, acompañado además de una mejora del plan informático.

Con esa reunión, aún no convocada formalmente y que el consejero espera que se celebre la semana que viene, el Gobierno responde a la llamada realizada por el TSJC, que le ha trasladado un informe sobre las carencias de los juzgados de lo penal y sus propuestas para solventarlas.

Entre esas reivindicaciones, el presidente del TSJC, César Tolosa, subrayó la "imperiosa necesidad" de contar con un nuevo juzgado de lo penal y de renovar por seis meses el juzgado bis de refuerzo en el Penal número 2 de Santander --peticiones que ya se han dirigido al Ministerio de Justicia--, junto con actuaciones de refuerzo de personal y mejoras informáticas --demandadas en este caso a la Administración regional--.

En respuesta a preguntas de los periodistas, tras la inauguración del II Encuentro de jueces de Asturias, Cantabria y Castilla y León, Mediavilla y Tolosa mostraron su disposición a adoptar las medidas necesarias para solventar la acumulación de sentencias pendientes de ejecutar que, según el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzan las 1.273 en los juzgados de lo penal cántabros.

El presidente del TSJC admitió que el dato "no es bueno" y no dudó en calificarlo de "absolutamente malo", pero matizó que no es novedoso y explicó que la Sala de Gobierno del TSJC, "consciente" de esa situación, ya se dirigió a los jueces de lo penal para que propusieran un plan de actuación para "tratar de poner fin a esta situación tremendamente preocupante".

Con esas propuestas en la mano, el TSJC se ha puesto ya en contacto con la Consejería de Presidencia y Justicia y con el Ministerio para trasladarles la situación y las demandas.

Así, al Ministerio le piden un nuevo juzgado penal en Santander, porque para los cuatro existentes resulta "imposible absorber la cantidad de trabajo que están soportando"; y también le demandan que renueve por seis meses el juzgado bis de refuerzo del Penal número 2, que gracias al refuerzo "ha ido mejorando", pero requiere prolongar la medida.

Mientras tanto, la petición al Gobierno regional es de medios informáticos "suficientes para gestionar con calidad y eficacia las ejecutorias, que cada día son mucho más complejas", junto con medidas de refuerzo de personal para los juzgados, que a día de hoy "no es suficiente".

"NO SE PUEDE SER CICATEROS".

"No se puede estar demandando calidad y niveles de eficacia a la Administración de Justicia y, al mismo tiempo, ser cicateros con los medios materiales que se están poniendo a su disposición", recalcó Tolosa, que también incidió en la necesidad de que los poderes públicos comprendan "de una vez por todas que una sociedad moderna exige que a la Administración de Justicia se le dote de todos los medios necesarios para que pueda realizar su función con normalidad".

Tras lamentar que se ha "perdido una legislatura completa" para poner en marcha las medidas organizativas que el Poder Judicial necesita en España, confió en que la reciente asunción de las competencias por parte de la Comunidad Autónoma contribuya a mejorar la situación en la región. En este sentido, recalcó que el nivel de pendencia en las ejecutorias viene "arrastrado" desde antes de asumir las competencias y por ello tiene puesta su "esperanza" en que la transferencia a Cantabria, ayude a "sacar adelante la situación".

Tolosa aseguró que para reconducir la situación --meta que cree alcanzable-- "lo primero es ser conscientes del problema", que ya se conocía antes del informe del CGPJ, y confió en que algunas de las medidas "se puedan poner en marcha inmediatamente". "Yo comprometo el control, la gestión y el esfuerzo de los jueces de lo penal para poner solución lo antes posible", apostilló.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justiciadestacó que Cantabria ha asumido la gestión de las competencias en Justicia "para mejorar el servicio público" y como en este caso "existe un problema evidente de pendencia" en la ejecución de sentencias penales, subrayó que el Gobierno va a adoptar medidas en el ámbito de sus competencias.

Por ello, una vez se hayan analizado de forma "detallada y pormenorizada" las posibles medidas, se solicitará la reunión de la Comisión Mixta entre el Ejecutivo regional.

ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria aclaró que aunque Cantabria tiene el "dudoso honor" de encabezar la lista de ejecutorias pendientes, "no es un problema exclusivamente" de la Comunidad Autónoma, "sino generalizado en el conjunto del territorio nacional", ante el cual "hay que plantearse medidas a largo plazo".

Insistió en que se trata de un problema de falta de medios y subrayó el trabajo desarrollado por los juzgados de lo penal cántabros en 2007. Para ello, recordó algunos de los datos de la actividad judicial en dichos órganos donde, según apuntó, el número de asuntos ingresados creció un 6 por ciento el pasado año y, pese a la falta de medios, la cifra de asuntos resueltos se incrementó un 17 por ciento en relación a 2006.

En lo que respecta a las ejecutorias, las ingresadas crecieron un 16 por ciento y las resueltas un 19 por ciento. Además, los asuntos pendientes de resolución se han reducido también y el número de sentencias dictadas ha crecido un 18 por ciento, con lo cual, el trabajo judicial aumentó en torno al 20 por ciento en 2007.

"Si los jueces trabajando cada año un 20 por ciento más son incapaces de hacer frente al atraso que tienen los juzgados, evidentemente necesitamos urgentemente que se adopten decisiones en este sentido", sentenció.