Gobierno y sindicatos firman un acuerdo laboral para garantizar la "paz social" y aprobar la Ley de Función Pública

Actualizado: viernes, 14 marzo 2008 14:03

Se comprometen a reservar el 50% de las plazas de la OEP para promoción interna y definir el modelo de carrera administrativa

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y cuatro de los cinco sindicatos con representación en el comité de empresa y la junta de personal firmaron hoy un acuerdo para la mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de los empleados públicos con el que se proponen garantizar la "paz social" durante toda la legislatura. Con vigencia de 2008 a 2011, el acuerdo contempla, entre otros compromisos, el de aprobar esta legislatura la Ley de Función Pública, contando para ello con las aportaciones sindicales.

También plasma el compromiso de la Administración regional para definir un modelo de carrera administrativa que pueda comenzar a aplicarse esta legislatura; así como la voluntad de reservar para promoción interna el 50 por ciento de las plazas de las ofertas públicas de empleo, en tanto se define ese modelo de carrera administrativa.

El acuerdo, del que se beneficiarán cerca de 5.000 trabajadores de la administración general de la Comunidad Autónoma (2.700 funcionarios y 2.000 laborales), lo firmaron hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y representantes de los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y USO que, en palabras del consejero, representan la "mayoría abrumadora" en los órganos de representación de los trabajadores.

Sólo SIEP faltó a la firma de este acuerdo al que, según recordó Mediavilla, se ha llegado después de "momentos de tensión" y supone fijar "un marco estable" para afrontar las próximas negociaciones del nuevo acuerdo laboral de funcionarios y el nuevo convenio colectivo del personal laboral. En su opinión, ha prevalecido en todo momento "el interés público" y los sindicatos han demostrado su "claro, firme y serio compromiso para mejorar y modernizar" la administración autonómica.

Entre los compromisos asumidos por las dos partes, destaca el de la aprobación de la Ley de Función Pública, en la que se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público y se fijará el futuro modelo organizativo de la Administración autonómica.

Para ello, el Gobierno se compromete a aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Parlamento para que "sea una realidad en esta legislatura" y a propiciar una participación activa de los representantes de los trabajadores en su elaboración, ya que el Ejecutivo quiere contar con las aportaciones del personal.

En ese mismo marco se definirá también la carrera administrativa y las técnicas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo. La voluntad del Gobierno, según apuntó Mediavilla, es tener las conclusiones al mismo tiempo que se apruebe la ley, para que la implantación de la carrera administrativa pueda hacerse también esta legislatura.

OEP Y PROMOCIÓN INTERNA.

Por otro lado, el Ejecutivo se compromete a contar con la colaboración sindical en el diseño de las ofertas de empleo público y, para ello, se constituirá una comisión paritaria que a partir de la próxima semana iniciará ya las reuniones para diseñar la OEP de 2008.

Algunos de los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar las ofertas serán la reserva de plazas para personas con discapacidad, tanto en la convocatoria general como en la promoción interna, y el fomento de la promoción interna para el conjunto del personal, en tanto se apruebe la carrera administrativa. En concreto, se reservarán el 50% de las plazas de cada OEP para la promoción interna.

El acuerdo recoge asimismo otras medidas, por ejemplo, en el ámbito de la salud laboral, la progresiva funcionarización del personal laboral, las ayudas de acción social o la formación.

ACUERDO SATISFACTORIO.

Los cuatro sindicatos firmantes coincidieron con el consejero en la "paz social" que asegura este acuerdo, que consideraron satisfactorio, y subrayaron además que trabajan "para los de dentro" (el personal) y para "los de fuera" (los ciudadanos). Admitieron que, como en toda negociación, el acuerdo final no satisface al cien por cien los deseos de las dos partes, pero aseguraron que es el mejor de los posibles.

Así, Javier González Díaz (CC.OO.) destacó que se trata de un "buen acuerdo" que "abre un periodo importante de paz social, pero de mucho trabajo", por el desarrollo que deberán abordar de algunas de las cuestiones. "Hasta ahora hemos estado en el gimnasio y ahora tenemos que competir", añadió.

Por su parte, Felipe González Bello (UGT) recordó que tras algunos "meses de desencuentros" se ha conseguido un acuerdo que fija cuatro años de paz social y subrayó el "esfuerzo" realizado para que los trabajadores del Gobierno tengan unas condiciones "dignas".

De su lado, Olga Alonso (USO) aseguró que el acuerdo "va a cubrir en gran medida expectativas" que el personal de la Administración regional viene "arrastrando" desde hace años; y José Miguel Zorrilla (CSI-CSIF) incidió sobre todo en al importancia de la elaboración de la Ley de Función Pública, para la cual su sindicato tiene ya un "boceto".