El Gobierno regional dio luz verde la semana pasada a este plan, dotado con 23 millones para los próximos cuatro años
SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), comparecerá este miércoles, 3 de junio, a partir de las 9.00 horas, en comisión parlamentaria para exponer el Plan de Derribos, según ha podido confirmar Europa Press.
El pasado miércoles, 27 de mayo, la titular de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), remitió un escrito a la Cámara en la que solicitaba la comparecencia "a petición propia" de Gochicoa ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio
y Urbanismo para informar sobre este asunto y dos días después, el viernes 29, la Mesa del Parlamento admitió a trámite dicha petición. Finalmente, la fecha fijada es mañana, miércoles.
El pasado jueves, el Gobierno regional dio luz verde al Plan de Derribos de Cantabria, dotado con 23 millones de euros para los próximos cuatro años, y mediante el que estima que 204 de las 511 viviendas que hay aún en la comunidad con sentencia de derribo tendrán que demolerse.
Además, en él, prevé iniciar este mismo año el procedimiento para licitar y ejecutar estas obras, que correrán a cargo de los ayuntamientos donde se ubican.
El jueves se dio cuenta del Plan al Consejo de Gobierno y, posteriormente, se presentó al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Este Plan de Derribos ha sido diseñado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo que dirige el regionalista José Luis Gochicoa y los ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y San Vicente de la Barquera.
Esta propuesta actualiza el plan de derribos realizado en 2011, cuya vigencia ya ha concluido.
Así, el nuevo documento prevé la demolición de 204 de las 511 viviendas afectadas a día de hoy por sentencia y cuantifica en algo más de 23,3 millones de euros el coste de las obras de derribo, las indemnizaciones y la construcción de viviendas de sustitución, cantidad que será financiada al 50% por el Ejecutivo y los municipios afectados.
La previsión es que esté culminado al término de la presente legislatura, en 2023.
Casi la mitad de los 23 millones de euros va destinada a viviendas de sustitución y la otra mitad a indemnizaciones a propietarios que no opten a esas viviendas o que no sea posible porque ese tipo de viviendas fueran imposibles de ejecutar.
El documento ha sido firmado tanto por el Gobierno regional como por todos los ayuntamientos implicados para poder comenzar con aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y que este Gobierno está trabajando para que puedan aprobarlos los antes posible.
En la comisión también se abordarán varias preguntas planteadas por el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, relativas también al problema de los derribos, a la situación de algunas urbanizaciones concretas; con la atención a los afectados, el cumplimiento de las resolucionados adoptadas en favor de éstos o los planes generales de los municipios con viviendas con sentencias de derribo.
