SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, acompañada de la alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, presentará hoy las conclusiones del estudio sobre la situación actual de los trabajadores del sector conservero en Cantabria, y la repercusión que la ausencia de capturas de bocarte ha tenido sobre el empleo.
El evento se celebrará a las ocho de la tarde en el Palacio de Manzanedo de Santoña y contará con la presencia del estudio, Ladislao Luna.
En el informe, realizado por el Grupo de Investigación en Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario de la Universidad de Cantabria, se analizan la oferta de las capturas de bocarte e importación de materia prima, la situación de la industria conservera de la anchoa en Cantabria y en el resto de España, la situación sociolaboral de los trabajadores del sector y la percepción sociológica de los más jóvenes sobre el empleo en esta actividad.
En concreto, el estudio se ha realizado a partir de información laboral y opinión que aportaron 444 trabajadores; documentación empresarial de las contabilidades de 44 empresas y opiniones de 40 empresarios de Cantabria --que se comparó con la información de 117 empresas del resto de España--, y datos sociales de 375 jóvenes de los nueve municipios en los que se concentra la industria conservera de anchoa en la Comunidad.
Además, se ha utilizado información procedente de las bases de datos sobre comercio internacional y de seguimiento de la evolución de la especie en los distintos caladeros del mundo y, en especial, del Golfo de Vizcaya.
En este proyecto han colaborado, además de la Dirección General de Trabajo y Empleo, los ayuntamientos que concentran esta actividad conservera, Tesorería General de la Seguridad Social en Cantabria, sindicatos mayoritarios --UGT y CCOO--, la Asociación de Conserveros de Cantabria, CONSESA, empresarios no asociados y agencias de desarrollo local. También ha participado la Secretaría General del Mar y el Instituto Español de Oceanografía de Santander.
El proyecto, que ha costado 60.000 euros, ha sido financiado íntegramente por la Consejería de Empleo y Bienestar Social de Cantabria.
