SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) ha manifestado su respaldo a la Ley de Taxi que propone el sector y que servirá, a su juicio, para "proteger" a los trabajadores de los abusos de una "falsa competencia" que "no es más que un nuevo ataque a los servicios públicos", en este caso, a uno "fundamental" como es el de las comunicaciones.
Así lo ha señalado el candidato de la confluencia, Israel Ruiz Salmón, tras reunirse, junto el miembro de su candidatura y candidato de Unidas por Santander a la Alcaldía, Miguel Saro, con representantes de la Federación Cántabra del Taxi, encabezados por su presidente, Manuel Andoni Ruiz, y Dionisio Díaz, vocal de la Federación.
Desde Marea Cántabra han respaldado las reivindicaciones de un sector del que han destacado su "imprescindible contribución" al "equilibrio territorial" al favorecer la comunicación y los desplazamientos de los ciudadanos, incidiendo en su condición, reconocida por ley, de servicio público, "hostigado por poderes políticos y empresas que han visto una nueva ocasión de hacer dinero con lo público".
Entre las demandas del taxi, que comparten IU-Equo, están una Ley del Taxi en Cantabria que "ponga fin a las continuas políticas de parches en el sector" desde el Gobierno de Cantabria, y que Ruiz Salmón ve"necesaria", al tiempo que ha criticado el "ataque orquestado" al sector por parte del exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al "favorecer", según ha dicho, a "nuevos operadores sin ningún tipo de control".
Así, Marea Cántabra apuesta por incluir en esa ley la regulación de la concesión de las licencias municipales y mejoras en el proceso de revisión de las tarifas, así como que se favorezca el acceso del sector a los concursos públicos en materia de transporte educativo o sanitario -cuando no se requiera asistencia sanitaria-, así como en las líneas de regulares de baja ocupación o el taxi a demanda en zonas rurales, convirtiéndose así en "aliados en la lucha contra la despoblación en el medio rural".
"Los taxistas, como todos los profesionales de los servicios considerados públicos, pasan por una serie de controles y requisitos en materia de calidad y de precios, mientras que lo que intentan implantar las élites es una ley de la selva sin control alguna que, si no se ataja, perjudicará, no sólo a los trabajadores sino también a los usuarios al dejarlos en manos de gigantes sin escrúpulos", ha concluido Ruiz Salmón.
