Están citados a declarar como imputados los tres exaltos cargos y el asesor denunciados por la Fiscalía
SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida de Cantabria ha renunciado a personarse en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander por presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud, en la que sí se ha personado el PP, que ejercerá la acusación junto con la propia Fiscalía.
Se da la circunstancia de que IU fue el primer partido que llevó el caso a la Fiscalía para que investigara las irregularidades denunciadas por la exjefa de Contratación del SCS y por la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga.
Pocos días después, el PP formalizó su denuncia en la Fiscalía con toda la documentación que previamente entregó en mano al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fruto según dijo Buruaga, de una investigación realizada durante meses.
En su denuncia, el PP alertaba de "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.
Tras las denuncias de IU y PP, la Fiscalía inició una investigación en la que detectó indicios de criminalidad en cuatro actuaciones del SCS, en los que a su juicio, se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.
En un auto fechado el 12 de diciembre, la magistrada Mercedes Compostizo ha citado a declarar como imputados, a finales de enero, a los tres exaltos cargos del SCS y el asesor externo denunciados por la Fiscalía.
Se trata del exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo; el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, que dimitió el 12 de diciembre -el mismo día de la fecha del auto-; y el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.
También ha llamado a declarar como testigos a otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud Inmaculada Rodríguez.
En sus denuncias, PP e IU alertaban de indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones, tipificados todos ellos en el Código Penal, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de ellas a tres empresas del hijo del alcalde socialista de Suances.
Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.
EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA FUNCIONARIA
La funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acaba de jubilar, denunció "injerencias continuas" del subdirector de Gestión Económica en decisiones que la corresponden, "absoluto desprecio" a su autoridad y trato "vejatorio".
También denunció la ocupación de su despacho por asesores externos de los que desconoce su relación con la administración, que intervienen en la valoración de las ofertas y a los que se entrega documentación contractual; la celebración de reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales; que se paralizan expedientes "sin ninguna motivación" y se recepcionan obras, servicios y suministros "sin estar listos para su entrega".
Asimismo, señaló que el subdirector no le permitía el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, que encargaba expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obligaba a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos.
