Dice que en 2014 va a cerrarse con 200 autorizaciones provisionales concedidas y el resto de las previstas en tramitación
SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, comparecerá, a petición propia, antes de acabe la legislatura en el Pleno del Parlamento de Cantabria para explicar el estado de la ejecución de las sentencias de derribo.
Así lo ha anunciado este martes Fernández en la Comisión de Medio Ambiente celebrada en el Parlamento regional, en la que ha defendido que "hoy las soluciones ya están llegando" y "materializándose", entre otras las autorizaciones provisionales, figura sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSIC) remitió una cuestión de inconstitucionalidad--.
El consejero ha avanzado que su comparecencia en el Pleno será en febrero o marzo, pues cree que, en ese momento, "ya se habrán materializado la inmensa mayoría" de estas soluciones.
Fernández ha comparecido este martes en Comisión, a solicitud del PSOE, para dar cuenta del cumplimiento de una moción aprobada por el Pleno del Parlamento en febrero de 2013 en la que, entre otros puntos, se instaba al Gobierno de Cantabria a incluir en el plan de derribos todas las sentencias de todos los ayuntamientos de Cantabria.
Según Fernández, el Gobierno ha expresado a "todos" los alcaldes y ayuntamientos su "intención de ayudarles" a dar cumplimiento a todas aquellas sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición y ha explicado que, con este objetivo, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con algunos ayuntamientos como el de Piélagos, Santillana del Mar o Santiurde de Toranzo, que tenía este tipo de resoluciones.
De hecho, ha apuntado que algunas de ellas sí se incorporaron al propio plan, como la del Alto de Cuco en Piélagos, ya que el Consistorio les pidió "expresamente ayuda" en ella. Las de Santiurde de Toranzo y Santillana del Mar no se han incluido.
"Todos los ayuntamientos de Cantabria yo creo que saben que cuentan con el Gobierno de Cantabria para intentar resolver estos problemas con independencia de que formalmente se incorporen o no al Plan de ejecución de sentencias", ha dicho el consejero.
El PSOE le ha recordado que el acuerdo es que se incluyeran "todas las sentencias de todos los ayuntamientos" y le ha reprochado que solo se haya incluido una: la de Piélagos.
A juicio del socialista Miguel Ángel Palacio, deben incluirse todas las sentencias de todos los ayuntamientos para tener "una visión global" del alcance de las sentencias de derribo en Cantabria, que --dice el parlamentario-- "es la que se pretendía" con la iniciativa aprobada.
Y ha advertido de que hay "muchos" ayuntamientos con "muchas" sentencias de derribo, de viviendas individuales, de edificaciones menores y le ha recordado al consejero que el mandato era "claro": incluir "todas de todos".
Además, ha opinado que es "absurdo" pensar que los ayuntamientos no tienen interés cuando --dice-- éstos "salen beneficiados".
En la moción aprobada en el Parlamento en febrero de 2013 se instaba también al Gobierno de Cantabria a poner en marcha los instrumentos jurídicos y económicos necesarios para aprobar a la mayor brevedad posible los planeamientos urbanísticos de todos los ayuntamientos.
Al respecto, Fernández ha señalado que el Gobierno ya introdujo cambios legislativos para agilizar los planes y ha explicado que se pretenden incluir más cambios en las leyes que se encuentran en tramitación.
Ha detallado que donde se van a incluir "reformas más profundas" en la agilización de los planes será en la reforma de la Ley del Suelo, actualmente en tramitación y en estado de anteproyecto y en la que se quiere alcanzar un "alto grado de consenso".
A pesar de ello, ha aclarado que es "absolutamente imprescindible" mantener la estructura de la aprobación de un plan general pues, a su juicio, "asegura" las garantías de participación necesaria y de reflexión por parte de las distintas Administraciones, por lo que "no va a cambiarse".
El consejero ha opinado que "lo importante" es dar un "impulso realmente" a los planes generales, incluidos en el Plan de ejecución de sentencias de derribo. "Y así lo hemos hecho", ha subrayado.
Entre los que municipios que están trabajando en sacar adelante sus planes, Fernández ha asegurado que los de San Vicente de la Barquera, Escalante y Miengo tendrán los suyos aprobados "antes de finalizar la legislatura".
En cuanto a los de Piélagos y Argoños, ha confiado en que tengan una aprobación inicial "suficientemente clara" y en la que queden resueltos todos los temas que afectan a la ejecución de sentencias.
Ha reconocido que el Ayuntamiento de Piélagos, desde luego, es un Ayuntamiento que es difícil poder cerrar ese plan general y ha confiado en que pueda quedar aprobado inicialmente esta legislatura.
En el caso de Argoños, ha señalado que debe de ir el plan coordinando con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que también ya está en una fase avanzada y cree "va a quedar definitivamente aprobado en esta legislatura" o "por lo menos con una aprobación provisional".
MÁS DE 200 AUTORIZACIONES PROVISIONALES ANTES DE FIN DE AÑO
Sobre la concesión de autorizaciones provisionales a las viviendas con sentencia de derribo que, a juicio, pueden tener cabida en los nuevos planeamientos, Fernández ha señalado que este mes el Ayuntamiento de Miengo va a proceder a la nueva aprobación de su PGOU y otorgará las autorizaciones provisionales.
También en diciembre o "a lo sumo" en enero van a otorgarse las autorizaciones provisionales de Cerrias y en febrero o marzo, las que restan, que son las de Argoños.
Fernández ha asegurado que se acabará 2014 con "más de 200 autorizaciones provisionales otorgadas" y todas las demás previstas, hasta 449 viviendas, en trámite y que serán otorgadas "en el primer trimestre" de 2015.
INDEMNIZACIONES
En cuanto a los acuerdos para indemnizar a las familias con viviendas que se van a derribar con otra de similares características, ha explicado que está "prácticamente cerrado" con los vecinos de La Arena (Arnuero) y espera que en enero se termine todo el procedimiento administrativo.
Ha explicado que, a partir de ahí, las familias pueden suscribir o no ese un acuerdo indemnizatorio, que no es "ninguna imposición".
Fernández ha apuntado que se ha iniciado un acuerdo de similares características en los casos de Escalante y Entre Lindes.
Por otra parte, la moción sobre cuyo cumplimiento se cuestionaba a Fernández en la Comisión instaba al Gobierno a solicitar al Estado, los cambios legislativos necesarios para proteger los derechos de los ciudadanos, cuando la Administración sea condenada, tal y como ha ocurrido en Cantabria con las sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición.
Fernández ha defendido que el Gobierno de Cantabria ha sido, a su juicio, la Administración autonómica que "con más intensidad" ha propuesto al Gobierno central la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que abría la posibilidad, aunque con límites, de la inejecución de las sentencias cuando había compradores de buena fe. Sin embargo, ha recordado que fue retirada pese a insistir el Ejecutivo.
Pero ha opinado que el trabajo realizado por el Ejecutivo regional y los ayuntamientos cántabros en cumplimiento del Plan de Derribos va a garantizar el derecho de los ciudadanos.
En contraposición, el PRC cree que se está produciendo "un fracaso total" de la gestión del Gobierno regional en esta materia. "No lo digo yo, ¡eh!, lo dicen los afectados", ha dicho Mazón.
Por su parte, el PP cree que "el cuadro está bien trazado, la hoja de ruta está bien definida" y ha defendido que "se ha avanzado notablemente en este camino, a lo largo de estos años".
