SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander ha decretado en una sentencia la extinción de la Fundación Alto Ebro, decisión que justifica en la imposibilidad por este órgano de realizar el fin por el que se creó.
El proceso que ha dado origen a este sentencia surge tras una demanda ante el Juzgado de Reinosa por el Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria.
Según recordaba entonces el Gobierno, la Fundación se constituyó como tal en agosto de 2000, pero con el tiempo la composición de su patronato sufrió una serie de modificaciones, hasta el extremo de que llegó a contarse sólo con dos miembros (cuando debían ser un mínimo de tres, y lo conformaban públicos y privados).
Esto suponía un incumplimiento de sus estatutos y de la Ley de Fundaciones, además de la paralización de su actividad, ante la imposibilidad de adoptar acuerdos. Un Protectorado se encargaba de velar por su gestión.
El Servicio Jurídico del Gobierno esgrimía otros argumentos, como que no se habían adaptado sus estatutos a la Ley y que la documentación contable anterior a 2003 no cumplía con los requisitos formales para su depósito, al no estar aprobada por el Patronato.
Además, según los informes de viabilidad y estudios financieros, la Fundación Alto Ebro era insostenible, dado su alto nivel de endeudamiento, ya que, a fecha de 2006, adeudaba a terceros más de dos millones de euros. También se llegaron a adeudar salarios a sus empleados.
En consecuencia, el Juzgado estima que estas condiciones impedían que se realizara el fin con el que fue creada, lo que permitía su extinción. Para eso era necesario que un acuerdo del Patronato que fuera ratificado por el Protectorado.
En caso contrario, la extinción debe ser dictada por un órgano judicial, a instancias o del Patronato o del Protectorado. Aquí, ha sido el Protectorado, ante la "pasividad" que se reprocha al Patronato en adoptar unas medidas que se solicitaron ya en 2005 (con un plazo de tres meses).
La Fundación no rebatió estos argumentos ni impugnó la demanda. Es más, se declaró rebelde y ausente.
La solución a la situación judicial y administrativa de este órgano era una de las circunstancias de las que, según alegaba el anterior Gobierno, dependía la situación de la península de La Lastra y su Centro de Interpretación.
La situación de abandono y degradación de este espacio, una concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, había sido denunciada por la oposición del Partido Popular, que lo llevó al Parlamento.
