SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, defendió hoy que la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances, estará "parcialmente amortizada" antes de que se acometa su derribo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Suprema que anula el acuerdo por el que se autorizó al no contar con un estudio de alternativas de ubicación.
Precisamente este es uno de los puntos en que se trabaja en la actualidad, según detalló Marquínez en rueda de prensa en Santander, donde avanzó que se sacará a licitación próximamente este estudio, que requerirá un período de información pública. El estudio de alternativas será un "ejemplo mundial" que constituye "el primer paso" para la construcción de una nueva depuradora, defendió.
Marquínez mostró su "optimismo" por el hecho de que Suances tendrá una depuradora "que va a funcionar durante varios años, durante una parte significativa de su vida útil". En este sentido, advirtió que el proceso administrativo se llevará a cabo "sin apuro" porque se quiere hacer "con pasos seguros" para evitar "herencias" como la que ellos recibieron.
"No estamos mirando el reloj", aseveró, tras admitir que los plazos para la construcción de una instalación de estas características, al contemplar los períodos habituales de información pública, licitación... podrían durar entre seis y siete años.
Previamente, un estudio técnico encargado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a la Universidad Politécnica de Valencia plantea en sus resultados trasladar la estación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera a la zona de Hinojedo, en Suances, si bien Marquínez matizó que se estudiarán "todas las alternativas".
Además de este estudio, otro de la Politécnica de Cataluña propone como alternativa evitar el derribo y verter directamente al río Besaya, excluyendo el emisario submarino, con el refuerzo de la reutilización de parte del caudal de forma que el agua pueda ser empleada para usos ambientales e industriales.
Marquínez reiteró que se estudiarán "todas las alternativas" a través de un estudio que tiene que sacarse a licitación y someterse a un proceso de información pública. La decisión final se tomará con "sosiego y rigor", siguiendo los caminos "legales" para evitar que se pueda producir "inseguridad" que en futuro pusiera "en jaque" la depuradora.
El presidente de la CHC confirmó que todo esto no implicará "gravar" económicamente a Cantabria, ya que el acuerdo anulado por el Supremo lo aprobó el Consejo de Ministros.
NUEVO SISTEMA
Marquínez también avanzó que se va a acometer un plan de control de los caudales públicos en la zona medio alta del río Besaya de concesiones, al detectarse que puede haber "incumplimientos" que "detraigan ilegalmente" caudal del río. El objetivo es lograr un sistema de control "automático" que "garantice" el cumplimiento de las concesiones establecidas.
Por otra parte, el presidente de la CHC abordó con el delegado de Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, la marcha de las actuaciones hidráulicas financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), a través del Plan Estatal de Dinamización.
