SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente ha determinado que las instalaciones de Copsesa adquiridas a los herederos de la empresa Emilio Bolado en Cacicedo (Camargo) y Ojáiz (Santander) carecen de autorización ambiental y ha solicitado a la de Industria la suspensión de sus actividades hasta que la consiga.
Concretamente, se trata de las plantas de producción de asfalto de Cacicedo (Camargo) y de las instalaciones dosificadoras y de amasado de hormigón en Ojaiz (Santander).
Así lo han anunciado en un comunicado Ecologistas en Acción y una plataforma de vecinos, colectivos que, según han explicado, han presentado varias denuncias por la situación, a su juicio, "ilegal" de estas instalaciones ante los ayuntamientos de Camargo y Santander, así como ante las Consejerías de Industria y Medio Ambiente en los últimos diez meses.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
Ambos colectivos se han quejado de la "pasividad" de estas Administraciones hasta que, ante esa actitud, llevaron su denuncia a la Fiscalía de Cantabria, que --han informado-- ha abierto diligencias y ha solicitado todo el expediente relativo a Copsesa y Emilio Bolado a estos ayuntamientos y consejerías para investigar posibles delitos de prevaricación.
Ahora, con fecha 13 de junio, la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto que Copsesa debe someter a evaluación de impacto ambiental, en un único proceso todas las actividades e instalaciones que ha adquirido de Emilio Bolado en esas localidades.
Mientras tanto, desde Medio Ambiente se ha solicitado a la Consejería de Industria la suspensión de actividades en estas instalaciones hasta que Copsesa no obtenga la preceptiva declaración de impacto ambiental.
VALORACIÓN DE LOS DENUNCIANTES
Los denunciantes han resaltado que esta resolución les lleva a concluir que las propias instalaciones de Emilio Bolado han estado "en situación ilegal desde hace muchos años, sin que ninguna de las cuatro Administraciones responsables hubiera controlado la situación legal de las diferentes empresas del grupo familiar en esa zona".
Ha señalado que la Plataforma vecinal y Ecologistas en Acción Cantabria han tenido que investigar lo sucedido "durante meses, aportando documentación a las distintas Administraciones cuando esa responsabilidad era de su total competencia".
"Los ciudadanos estamos confiados en que las administraciones públicas controlan las actividades económicas e industriales, como controlan el pago de nuestros impuestos. Lamentamos que en este caso no hayan cumplido su función y sólo después de casi un año se hayan dado cuenta de que habían cometido un error, después de la apertura de diligencias penales por la fiscalía", se han quejado.
Para la Plataforma y Ecologistas en Acción, el escrito de la Consejería de Medio Ambiente "deja claro" que para la planta de aglomerado asfáltico "nunca" las empresas de Emilio Bolado habían solicitado la tramitación de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto ha estado funcionando durante "decenas de años" sin cumplir la legalidad vigente.
Asimismo, el director General de Medio Ambiente, David Redondo, señala que para la planta de hormigón se había tramitado inicialmente la autorización ambiental, pero las empresas del grupo Emilio Bolado no habían comunicado las modificaciones y ampliaciones sucesivas que habían realizado en las instalaciones y por lo tanto, se hubiera tenido que realizar una nueva autorización ambiental.
Por todo ello, han resaltado que Copsesa compró unas instalaciones a los herederos de Emilio Bolado "que carecían de las autorizaciones adecuadas para su funcionamiento".
"Lo extraño de este caso es que tampoco la nueva empresa se diera cuenta de este hecho", han señalado los denunciantes, quienes tienen una "sospecha" en sentido "distinto".
Han opinado que este "tipo de empresas"están acostumbradas a funcionar en plan amiguete con algunas Administraciones que no ejercen sus competencias de control, dejando hacer, pensando que nadie se va a dar cuenta".
