SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Cantabria han suscrito un convenio para el impulso de prácticas seguras en los centros sanitarios.
El coste de las actividades previstas asciende a 52.629 euros, de los que el Ministerio asume el 70% (36.840,30 euros) y la comunidad el 30% restante que asciende a 15.788,70 €. Según precisa la resolución, hecha pública hoy por el Ministerio, y recogida por Europa Press, el convenio tiene por objeto regular las condiciones de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de la estrategia 8 del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, para la mejora de la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios.
Entre los objetivos se encuenta la prevención de errores debidos a la medicación, lo que incluye acciones orientadas a prevenir errores en el almacenaje, preparación, dispensación, prescripción, aplicación y monitorización de medicamentos. También incluye acciones para prevenir errores en la información de medicamentos entre diferentes servicios (llamados errores de conciliación en la transición asistencial) y entre profesionales y pacientes.
Igualmente, el convenio contempla el desarrollo de unidades o grupos de trabajo específicos en calidad que permitan promover una estrategia unificada en seguridad de pacientes en la Comunidad Autónoma. Ello incluye acciones orientadas a promover la creación de grupos de trabajo, y acciones orientadas a la formación en seguridad del paciente, la gestión de riesgos sanitarios y trabajo en equipo.
Otro de los objetivos del acuerdo es prevenir la infección nosocomial. En este ámbito se incluyen todas las infecciones que pueden producirse como consecuencia de la atención sanitaria. Entre otras: infección de herida quirúrgica, bacteriemias por catéteres endovasculares, sepsis, neumonía, etc. Incluye también actividades que promuevan la práctica de manos limpias.
Según señala el texto del convenio, los efectos adversos y los errores que afectan a los pacientes y ciudadanos pueden ser el resultado de recursos inadecuados, de procesos y sistemas poco seguros y de errores de los profesionales en el momento de la intervención.
Las soluciones a los problemas de seguridad que se proponen se dirigen fundamentalmente a mejorar el diseño de los procesos asistenciales y a disminuir la probabilidad de que los errores humanos sean causa de daño para el paciente, más que a mejorar las causas subyacentes aportando recursos materiales.
Se plantea asó un abordaje basado en el rediseño o implantación de procesos e intervenciones que hayan demostrado capacidad de prevenir o mitigar el daño a los pacientes, consecuencia de la intervención sanitaria.
