También se abordará la aprobación definitiva de la modificación para usos terciarios en zonas residenciales de edificación abierta
SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para la implantación de la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en Puertochico se someterá a su aprobación inicial el próximo lunes, 26 de noviembre, en la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha destacado que el Ayuntamiento de Santander avanza así en la tramitación urbanística del proyecto que btuvo que reiniciarse tras haber dado "importantes pasos" a raíz de la decisión del Gobierno de Cantabria de cambiar la ubicación.
Tras la votación de la modificación en la comisión, el acuerdo se elevará al pleno de la Corporación del jueves 29 de noviembre, en el que deberá ser ratificado, y después saldrá a información pública durante un plazo de un mes, ha informado en un comunicado el Consistorio.
USO TERCIARIO EN ZONAS RESIDENCIALES
Junto a este asunto, la Comisión de Desarrollo Sostenible y el pleno votarán también la próxima semana la aprobación definitiva de la modificación del Plan General que permitirá incorporar usos terciarios en zonas residenciales de edificación abierta y unifamiliar.
El Ayuntamiento ha explicado que a través de esta modificación se recuperan las determinaciones que incluía el PGOU de 2012 para favorecer la implantación de actividades comerciales, oficinas, usos dotacionales o infraestructuras básicas que den servicio a los residentes en dichas zonas.
Díaz ha opinado que fue una medida que tuvo un "positivo resultado" en los cuatro años en que estuvo vigente el plan de 2012 y ha confiado en que también ahora contribuya a la apertura de nuevas actividades o la dotación de infraestructuras para los vecinos.
En concreto, a través de esta modificación se permite aumentar los porcentajes de edificabilidad destinados a usos comerciales y de oficinas, así como el porcentaje de ocupación de las parcelas destinadas a tal fin, y se establecen las condiciones de diseño, composición y materiales que deberán seguir dichos establecimientos para evitar la imagen de nave industrial.
OTROS TEMAS
Por otro lado, el orden del día de la Comisión de Desarrollo Sostenible incluye también la resolución del convenio urbanístico con Fuentellata S.L., un acuerdo aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 y que entró en vigor con la aprobación definitiva del Plan General de 2012.
Este convenio permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro que estaban tipificados como sistemas generales de espacios libres en el plan del 97.
La obtención se realizó mediante expropiación y a solicitud de los propietarios, fijando el jurado provincial de Expropiación el valor de los suelos en unos 2,2 millones de euros.
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los propietarios suponía cambiar el pago económico de la expropiación por la concesión de aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012.
Al anularse el Plan General, la asignación de esos aprovechamientos quedó sin efecto, lo que, según ha señalado el Ayuntamiento, conduce a la resolución del convenio urbanístico y a tener que abonar a los propietarios el valor de los terrenos más los intereses legales al no haber sido posible acordar el traslado de los aprovechamientos a otro área en el marco del PGOU de 1997 ahora vigente.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha defendido que el PGOU de 2012 se anuló "por una causa externa" como fue la anulación del bitrasvase debido a una deficiente evaluación ambiental realizada por los socialistas en el Gobierno de Cantabria.
En este sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento ya ha interpuesto varias reclamaciones por los perjuicios ocasionados a la ciudad por la anulación del plan y la voluntad es seguir esa misma línea con los que se sigan produciendo para que sean las administraciones responsables de la anulación del PGOU las que asuman también las consecuencias económicas.
Actualmente, el Ayuntamiento tiene una reclamación en vía judicial contra el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ministerio para la Transición Ecológica para la devolución al Consistorio de los gastos de redacción del Plan General de 2012, y otra reclamación en vía administrativa por los perjuicios derivados de la resolución del convenio urbanístico sobre la parcela de la Fundación Caja Cantabria en Cazoña.
