Dice que en el municipio hay un "gran desbarajuste" que intentan corregir y acusa a otros de querer "mantenerlo y potenciarlo"
SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, admitió hoy que "a lo mejor" la tramitación administrativa de las obras del túnel de Mioño pudo no ser la "correcta", pero recalcó que eso "no quiere decir que haya corrupción".
De hecho, recordó que el beneficio de la empresa adjudicataria por esos trabajos fue de "3.000 euros" y se preguntó irónicamente a cuánto saldría cada uno de los once imputados en el proceso judicial si realmente hubiera habido un interés de corrupción.
En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Muguruza lamentó además el "derroche económico" que se va a producir "por abrir un pleito por algo que no tiene sustancia" y señaló que sólo un informe encargado por el juzgado a un perito para evaluar si se ejecutaron las inversiones planeadas ha costado ya 3.000 euros, "más" que el beneficio obtenido por la empresa.
Según dijo, "entre abogados, una cosa y otra", ese juicio va a costar "muchos millones". "Y al final, cuando se demuestre nuestra inocencia, ese dinero saldrá de las arcas públicas", remachó.
Pero además, él insiste en que no hay motivos para que le imputen en este proceso porque, tal como sostiene, en la pasada legislatura la anterior fiscal jefe de Cantabria ya estudió el caso y "llegó a la conclusión de que no había ningún motivo" para imputarle.
"Había quedado perfectamente claro", subrayó el alcalde, que criticó que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales haya abierto de nuevo el expediente imputándole "a pesar de la opinión de la fiscal jefe".
También cuestionó la labor de los medios de comunicación que, a su juicio, "algo mal han tenido que hacer" para que muchos ciudadanos cántabros den ya por sentado y "tengan la sentencia hecha" de que en Castro hay corrupción, cuando "ni siquiera se han iniciado los juicios".
"DESORDEN Y DESORGANIZACIÓN"
Muguruza recordó que cuando llegó a la Alcaldía en junio de 2003 se encontró una "desorganización" en el Ayuntamiento, que tenía una deuda de "6.000 millones de pesetas" a pesar del "desarrollo urbanístico tremendo" experimentado por el municipio en esos años.
Según dijo, había además denuncias contra la anterior gestión, y "desde los más diversos frentes judiciales" desestimaron estudiarlas pero, en cambio, tras llegar él al Ayuntamiento, el Tribunal de Cuentas, a su juicio "mandado por el PSOE", decidió investigar los ejercicios 2004 y 2005.
A esto se añade, además, "unas actuaciones judiciales que todavía nadie entiende" y las bajas del interventor y el secretario, agregó el alcalde, que no entiende que les pidan cuentas al equipo de Gobierno y cree que el Tribunal de Cuentas debería "exigirle una respuesta al interventor, que era el que tenía que hacer las cuentas" y estuvo 15 meses de baja en esos dos años.
"ALGUIEN ESTÁ DETRÁS"
El alcalde castreño aseguró que en el municipio hay un "gran desbarajuste, una gran desorganización y cierto caos consecuencia de múltiples factores" y, aunque el equipo de Gobierno está intentando que vaya "disminuyendo", "muriendo en la lucha y peleando largo y duro", hay "gente y siglas" a los que les interesa "mantenerlo y potenciarlo".
"Alguien está detrás impulsando que haya más desorden, más desorganización, menor financiación y menor capacidad de arreglar ese posible desaguisado", agregó.
En esta línea, criticó la "ineptitud y pobreza mental" que supone poner "obstáculos" al desarrollo de un área industrial en Castro --en terrenos de la Junta Vecinal de Sámano-- y a la conexión ferroviaria con el País Vasco, porque a su juicio, unir Castro con Vizcaya es unir Cantabria con Europea "y poner obstáculos a ese desarrollo es poner obstáculos al desarrollo económico e industrial de Cantabria".
"Estar poniendo obstáculos a este desarrollo es difícilmente comprensible si coges un poquito de vuelo de alturas al hacer el análisis, pero desde el Gobierno de Cantabria insisten en esa falta de desarrollo. No cabe en cabeza de nadie que esa posibilidad de desarrollo económico de un área como Castro haya sido frenada y obstaculizada por el propio Gobierno regional. Alguien tendría que dar explicaciones", apostilló.
POBLACIÓN NO CENSADA Y FINANCIACIÓN
A estas dificultades, el alcalde añade además la de la población no censada. Según sus cálculos, en Castro viven entre 55.000 y 60.000, aunque el censo es de 31.000 y, el problema, es que la financiación depende de la población censada y "es muy difícil dar servicios" sin la financiación adecuada.
Además, Muguruza destacó que todos los municipios de España están reclamando la segunda descentralización para poder responder a las demandas de los ciudadanos, "porque detrás de un servicio siempre hay dinero y tiene que haber una asignación económica". "Es difícil para todos los municipios de España, pero en una situación como la de Castro el problema se incrementa hasta la exasperación", concluyó.
