Los afectados llegarán al Tribunal de Estrasburgo y no descartan querellarse contra Revilla u otros posibles responsables
SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, propondrá el próximo lunes a la CROTU solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) una moratoria en el derribo de las viviendas de Cerrias mientras se siguen estudiando posibles soluciones para evitar su demolición.
En esa misma reunión, la CROTU aprobará ya la modificación del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) en esta zona, que quedará así incluida en el POL y que el Ayuntamiento deberá volver a clasificar a través del planeamiento municipal.
Por eso, el consejero insistió en que la solución depende del Consistorio, que es el que debe plantear a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) las posibles soluciones para estas viviendas.
Así lo explicó Mazón tras reunirse esta mañana en la Consejería con algunos de los propietarios de Cerrias, quienes no salieron satisfechos del encuentro y lamentaron que, transcurridos siete años desde el fallo firme, las administraciones no hayan dado aún con las soluciones.
En palabras de un portavoz de los afectados, Armand Comín López, la reunión ha sido "intranquilizadora" e incluso "indignante", porque salen "en peor situación". Según dijo, esperaban propuestas o una "voluntad inequívoca" de solucionar el problema, pero se han encontrado "poco menos que buenas palabras".
El consejero de Obras Públicas, que volverá a reunirse con los afectados el próximo 11 de enero, reconoció que son personas "inocentes" que compraron las viviendas "con todo en regla" y no han tenido "ni arte ni parte" en el problema. Por ello, la voluntad de la Consejería es que ellos "tengan el menor daño posible" y tratar de conseguir que esto "no llegue a una situación dramática".
Admitió también que va a ser difícil, lo primero convencer a la justicia para conceder la moratoria, y lo segundo intentar negociar también con la asociación ecologista ARCA, promotora de la denuncia, pero aseguró que "hay siempre esperanza" y mostró la voluntad de su departamento de "intentarlo".
PASOS EN LA CROTU Y EL AYUNTAMIENTO
Por lo pronto, el paso más inmediato será el que se adopte en la próxima reunión de la CROTU, el lunes 21 de diciembre. Allí, el consejero propondrá enviar un escrito al TSJC pidiendo una moratoria porque, si finalmente fuera posible legalizar parte de las viviendas o todas ellas, "no tendría sentido" ejecutar la sentencia. En todo caso, recalcó que habrá que motivar de "manera clara" la petición de la moratoria, para que "tenga lógica".
Lo siguiente, teniendo en cuenta que la CROTU también abordará ese día la adaptación del POL en la zona, será que el Ayuntamiento traslade sus propuestas. "El Ayuntamiento es el que tiene que tomar las iniciativas. Es un tema eminentemente municipal. Los planes generales son municipales", insistió Mazón.
En este sentido, la Consejería estará "pendiente" de las propuestas que realice el Consistorio y su voluntad es que "las cosas más obvias y de más sentido común se puedan salvar". Así, explicó que hay algunas partes en las que "la lógica" pide hacer un "esfuerzo de salvación", bien de legalización o de evitar la demolición de algo que más tarde pudiera salvarse. "A lo mejor necesita luego una integración ambiental nueva o distintos tipos de soluciones. Estamos intentando que tenga una solución factible", agregó.
Ahora bien, Mazón también dejó claro que no todo depende del Gobierno, sino también de los informes que emitan otros organismos, por ejemplo, la Dirección General de Costas, cuyo informe sobre la afección o no del dominio público marítimo terrestre es vinculante.
Por eso, destacó que el Ayuntamiento tendrá que motivar y razonar sus propuestas. "Las cosas bien motivadas, razonadas, sólidas y legales salen adelante. Ahora, si nos presentan algo claramente ilegal, poco motivado o no bien razonado, tendremos que decir que no", argumentó el consejero, quien abogó por ser "imaginativos" en las soluciones y confió en poder encontrarlas entre todos.
En esta línea, comentó que también habrá que hablar con ARCA y, de hecho, avanzó que la Consejería pedirá a la asociación una nueva reunión. No obstante, no es muy optimista al respecto, dada la experiencia de reuniones anteriores y la oposición de ARCA al Plan de derribos. "Es muy difícil, pero no vamos a dejar de intentarlo nuevamente" para ver si pueden ser "flexibles" en alguno de sus planteamientos, apuntó.
PROBLEMA ENTRE ADMINISTRACIONES
Por parte de los afectados, su portavoz se mostró crítico respecto a lo planteado en la reunión de hoy y resaltó que si la Consejería no plantea al TSJC soluciones o argumentos, el auto es "impepinable: derribo inmediatamente".
En su opinión, es "inadmisible" que la sentencia de derribo se deba a un problema administrativo y en siete años desde que se conoció el fallo del Supremo "no se haya hecho nada y ahora" se proponga "actuar de forma inminente y a la carrera" para paralizar los derribos.
A su juicio, el problema excede ya lo "humano", es un "problema político de envergadura muy importante" y no vale que la Consejería diga "permanentemente" que es un problema municipal.
"Realmente es un problema entre ellos. Algo tendrá que ver el hecho de que el Ayuntamiento sea de un color político, del PP, y el Gobierno sea socialista y regionalista", sentenció el portavoz, quien lamentó la "absoluta falta de entendimiento y de interlocución" entre ambas administraciones.
También mostró su "perplejidad" por el hecho de que tres viviendas ubicadas en el centro de la urbanización, que tienen el doble de volumetría que las demás, puedan quedar en pie y el resto no. Lo que ocurre, en su opinión, es que hay una "falta de voluntad de encontrar solución".
MEDIDAS JUDICIALES
Pero los vecinos no se van a quedar de brazos cruzados. Según comentó Comín López, su intención es apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, amparados por la resolución del Parlamento Europeo sobre las sentencias de derribo.
Además, han advertido al consejero de que se reservan el derecho de querellarse contra "todas las personas que hayan podido intervenir en este asunto", desde el actual presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "hasta el director de Urbanismo o cualquier otra persona que tenga responsabilidad". "Trataremos de que esa responsabilidad se vea cumplida. No podemos dejar que por un tema administrativo nos quedemos nosotros sin casa", zanjó el portavoz.
REVILLA NO ES RESPONSABLE
La visión de los afectados sobre los responsables de esta situación difiere de la del consejero, que dejen de hacer esas acusaciones porque "es falso". Según explicó, el plan se aprobó en 1993 y fue recurrido en 1994, con un gobierno anterior, y cuando llegó a Revilla, siendo entonces consejero de Obras Públicas y Urbanismo, era un plan "aprobado, legal y consolidado", pero además "firme y consentido" porque no se había seguido recurriendo.
Por eso, cuando se solicitó la paralización la rechazó, porque entonces era legal. El cambio se produjo cuando las sentencias lo declararon ilegal. "Somos responsables desde que las sentencias son firmes, pero de lo de antes no", recalcó Mazón, quien en todo caso señaló que a pesar de no ser responsables de ello "como personas", sí lo son como administración y asumen esa responsabilidad. "No nos queda más remedio que apechar con ello", concluyó.
