Los tres grupos presentan una iniciativa para instar al Gobierno regional a adoptar medidas antes de fin de año
SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos con representación en el Parlamento cántabro apuestan por garantizar indemnizaciones a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo antes de que la demolición sea efectiva. Por ello, han presentado una iniciativa conjunta para instar al Gobierno regional a buscar las fórmulas y adoptar las medidas necesarias.
La propuesta de los grupos parlamentarios se ha presentado en forma de una proposición no de ley que se quiere debatir el mismo día que se apruebe la futura ley que pretende aumentar la seguridad jurídica en la región y resolver, en los casos que sea posible, la situación de las viviendas con sentencia firme de derribo.
Con esta nueva iniciativa, PP, PRC y PSOE pretenden instar al Ejecutivo autonómico a adoptar o proponer antes de fin de año las modificaciones normativas que sean necesarias para que se garanticen las indemnizaciones antes del derribo.
Además, piden al Gobierno que, también dentro de este año, aborde los cambios precisos para reforzar la seguridad jurídica en las operaciones de compra-venta de viviendas y para dotar de las máximas garantías posibles a los compradores.
Con esta iniciativa parlamentaria los grupos pretenden dar respuesta a una de las reivindicaciones fundamentales de los afectados por sentencias de derribo: que se garantice la compensación por los daños patrimoniales antes de la demolición efectiva del inmueble.
Ahora bien, esa garantía, al menos de momento, no tendrá rango de ley, ya que no se recoge en la proposición de ley inicialmente presentada, sino que se limita a un mandato al Gobierno en forma de proposición no de ley.
En su exposición de motivos, los grupos parlamentarios justifican esta nueva iniciativa porque, a su juicio, las sentencias de derribo "han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las garantías jurídicas de aquellos compradores de buena fe que adquirieron una vivienda cuya construcción está respaldada por una licencia".
Según dicen, actualmente los procedimientos existentes para que las administraciones hagan frente a los "daños y perjuicios ocasionados" a esos compradores son "claramente insuficientes para atender con la debida justicia a los afectados". Por ello proponen al Ejecutivo que aborde los cambios necesarios que aseguren las indemnizaciones.
