19 de marzo de 2019
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  • 16 de octubre de 2010

    Piden 18 años de prisión para dos encargados de una constructora por estafa inmobiliaria

    Vendían casas que no existían o que eran propiedad de otras personas

    SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El Ministerio Fiscal pide 18 años y nueve meses de prisión por delitos de estafa inmobiliaria y falsedad documenta, para dos responsables de una empresa constructora que vendían casas que no existían realmente o que eran propiedad de otras personas, entre otras prácticas.

    Los hechos se desarrollaron entre los años 2000 y 2005, período en el que, según relata el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, los acusados impulsaron hasta diez operaciones inmobiliarias por un valor total de 1,2 millones de euros que perjudicaron a 24 personas.

    Uno de los acusados, Ismael M.Z., era el administrador único de la empresa 'Proyectos y Construcciones Zúñiga', entidad que se autorizó a representar al otro procesado, Gerardo R.A. Ambos utilizaban para sus acciones otras empresas del grupo, como Torrepi Inversiones, Zuñiga de Inversiones, Mapavisa norte o Cafetería El Barco.

    Entre las distintas actuaciones por las que se les juzgará del 18 al 25 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria se encuentran la venta de casas que no habían sido construidas o que figuraban a propiedad de otras personas.

    Así, entre los ejemplos que detalle el Ministerio Fiscal figura la venta en 2002 de una parcela, por un importe de 194.273 euros que en realidad ya había sido vendida con anterioridad; o, en 2003, la venta por 54.000 euros de un chalet que estaba inscrito a otro nombre diferente al del comprador.

    O la compra, en 2004, de un chalet que nunca fue construido, y así hasta una decena de operaciones similares, todas en una urbanización en la localidad de Boo de Piélagos.

    El Ministerio Fiscal considera que los hechos suponen un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento mercantil. El acusado que estaba autorizado a representar a la empresa, Gerardo R.A está procesado por los dos delitos: por el primero se le piden nueve años de prisión y por el segundo, nueve meses, a los que habría que sumar sendas multas de 5.400 y 1.440 euros, respectivamente.

    Y al administrador de la empresa se le piden nueve años de prisión y multa de 5.400 euros por un delito continuado de estafa.

    Además, ambos deberán indemnizar a los 24 perjudicados con la cantidad total de 1,2 millones de euros.