20 de noviembre de 2019
13 de octubre de 2019

Piden 22 años para dos acusadas de traer jóvenes venezolanas a España a prostituirse

El juicio se celebra el martes en la Audiencia Provincial

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha solicitado una pena de 22 años de cárcel para cada una de las dos mujeres acusadas de organizar el viaje de tres jóvenes extranjeras para traerlas de Venezuela a España a ejercer la prostitución.

El juicio por estos supuestos delitos de trata de seres humanos y prostitución se celebrará este martes, 15 de octubre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del Ministerio Público, las procesadas, que ejercían la prostitución en Cantabria, con intención de lucrarse se pusieron de acuerdo para convencer a mujeres jóvenes en situación de "extremada necesidad económica" en su país de origen, Venezuela, para venir a España.

En unas ocasiones las convencían para viajar a nuestro país con la finalidad de ejercer la prostitución, "manifestándoles que en España era muy fácil y muy rentable"; y otras veces "ofreciendo trabajo de labores de limpieza en una casa de citas".

UNA ACUSADA COMPRÓ EL BILLETE DE AVIÓN A UNA VÍCTIMA

El escrito de la Fiscalía, del que informa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, explica que una de las acusadas se ofreció personalmente en Venezuela a las personas con las que contactó "a facilitarles todos los trámites y gastos para su traslado".

Así, en noviembre de 2016 viajó junto con una joven de 19 años a la que compró el billete de avión y, una vez en el aeropuerto de Madrid, la trasladó a un piso de Santander.

Ya en la capital cántabra, las dos acusadas le manifestaron que la deuda inicial pactada de 1.200 euros por gastos de viaje se había transformado en 3.600 euros, "que debía saldar ejerciendo la prostitución en dicho domicilio con un horario de 24 horas al día, siete días a la semana, pudiendo salir del piso únicamente una hora al día".

Y, además, "debía pagar los gastos derivados de anuncios en internet, comida, gastos higiénicos", por lo que "la deuda iba aumentando sin recibir ni una sola cantidad de dinero".

El fiscal añade que la mujer ejerció la prostitución para pagar esa deuda y regresó a Venezuela pero como su situación económica allí seguía siendo "precaria", una de las acusadas le ofreció venir de nuevo y trabajar únicamente con ella.

De acuerdo con este relato, la mujer aceptó y voló a España, donde de nuevo siguió ejerciendo la prostitución mientras que la acusada "se quedaba con todo el dinero, sin darle ninguna cantidad para comida ni gastos personales".

CASADA Y CON GRAVES APRIETOS ECONÓMICOS

Obrando de igual forma, una de las acusadas ofreció a otra mujer, "que estaba casada y con graves aprietos económicos", venir a España para trabajar en tareas de limpieza y como camarera.

Aceptó y vino a nuestro país en febrero de 2017. Cuando llegó le informaron de que su deuda era de 3.600 euros y la animaron a prostituirse como "única forma" de saldarla, lo que hizo durante 21 días. Después, abandonó el piso y formuló una denuncia en extranjería.

Durante el tiempo que estuvo con las acusadas, y según el fiscal, no recibió nada de dinero, "ni siquiera para comida, teniendo que depender de las propinas de los clientes".

PROSTITUCIÓN "MUY RENTABLE EN ESPAÑA"

El Ministerio Público indica que de igual forma, una de las acusadas convenció a otra joven, de 19 años, para que viniera a España a prostituirse, "donde según ella era muy rentable".

La joven, que se encontraba en "situación de extrema necesidad", vino en abril de 2017. Cuando llegó, le informaron de que debía pagar una deuda de 3.200 euros, "no percibiendo ninguna cantidad de dinero en los diez días que trabajó para las acusadas".

"En los días siguientes a la presentación de la denuncia una de las acusadas ha tratado de amedrentar y asustar a las perjudicadas", agrega el fiscal, para indicar que hizo llegar al entorno de las jóvenes en Venezuela "que se dedican a la prostitución, colocando anuncios en internet manifestando que tienen enfermedad de transmisión sexual".

DELITOS Y PENAS

El fiscal considera los hechos tres delitos de trata de seres humanos en concurso con otros tres de determinación al ejercicio de la prostitución, así como tres más contra los derechos de los extranjeros.

Por ello, solicita una condena para cada una de ellas de 22 años de prisión y 13.500 euros de multa. Asimismo, una vez cumplida la pena de cárcel, el ministerio fiscal pide una medida de libertad vigilada para cada acusada de cinco años.

La indemnización que, a juicio de la Fiscalía, las acusadas deben pagar de manera conjunta asciende a 15.000, 20.000 y 25.000 euros para las tres víctimas por los daños morales sufridos.

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