El principal acusado acaba de ser condenado hace sólo un mes a tres años y medio de cárcel también por tráfico de drogas
SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir del próximo lunes a siete personas acusadas de tráfico de drogas y blanqueo para las que el fiscal pide penas que suman en conjunto más de 36 años de cárcel. Entre los procesados se encuentran un matrimonio y sus dos hijos, una empleada de confianza que vendía la droga en un bar, otro colaborador y un último acusado que vendía al por menor desde su domicilio.
La operación que permitió la detención de los acusados se saldó con la incautación de casi siete kilos y medio de hachís y 331 gramos de cocaína, valorado todo ello en unos 55.000 euros. Además, se incautaron numerosos vehículos y teléfonos móviles, 5.270 euros y otros efectos.
Ahora, los procesados se enfrentan a penas que van entre los tres años y medio de cárcel que pide la fiscalía para uno de los hijos del principal acusado, y los ocho años y medio que solicita para el padre. Además, propone que paguen multas que suman en total más de 1,4 millones de euros.
El principal acusado es R.V.R., que ya fue condenado por tráfico de drogas en 1996 y 2002 y que ha vuelto a ser condenado hace sólo un mes por la misma sección de la Audiencia Provincial que le juzgará ahora (la Sección Primera).
La última sentencia, dictada en diciembre y conocida esta misma semana, le impone tres años y medio de cárcel porque el Seprona, en enero de 2009, encontró 2,8 kilos de hachís y casi 38 gramos de cocaína escondidos en un bidón en un taller de vehículos que tenía en Riaño, en Santillana del Mar.
Los hechos que se juzgarán ahora sucedieron antes. De hecho, aquella operación terminó con las detenciones de los supuestos implicados en junio de 2006.
En el escrito de acusación de la fiscalía se explica que R.V.R. se dedicaba desde antes de 2006 a la venta de droga, principalmente cocaína y hachís, que guardaba en unas naves de Riaño (Santillana del Mar) y otras de Tanos (Torrelavega).
Las ventas se realizaban a través de otro de los acusados, L.M.G.S., que vendía al por menor desde su domicilio en Torrelavega; así como en un bar propiedad de R.V.R. en el que tenía como empleada y persona de confianza a A.B.S., también procesada. La droga se ocultaba en bidones y las cantidades pequeñas ya preparadas para la venta se guardaban generalmente en frascos de spray huecos.
Junto a estos tres, se sentará en el banquillo un cuarto acusado de tráfico de drogas, M.G.S., como colaborador del principal acusado a la hora de transportar y guardar la droga.
BLANQUEO
La lista de procesados se completa con la mujer, M.A.S.D., y dos hijos de R.V.R. (D.V.S. e I.V.S.), a los que se acusa de blanqueo. Y es que, según el fiscal, la mayor parte de los bienes se ponían a nombre la mujer y los hijos.
Según el fiscal, de la información facilitada por la Administración Tributaria se desprende un desfase entre ingresos y gastos en la familia que supera los 771.000 euros.
La mayor parte de ese desfase, en concreto más de medio millón de euros, corresponde a uno de los hijos. Por su parte, el padre tendría un desequilibrio de ingresos y gastos por importe de casi 167.000 euros; la madre, que no tiene trabajo, tiene un desfase de casi 83.000 euros; y el otro hijo de unos 18.000 euros. También se ha detectado un desfase en las cuentas de la empleada del bar, que en su caso se cifra en más de 112.000 euros.
IMPUTACIONES
El fiscal acusa a R.V.R., su empleada A.B.S., y L.M.G.S. y M.G.S. por tráfico de drogas, en el caso del primero, con la agravante de reincidencia; mientras a su mujer e hijos les imputa un presunto delito de blanqueo.
Para el padre pide ocho años y medio de cárcel y multa de 150.000 euros, y para la madre cuatro años y medio de prisión y multa de 165.000 euros. Para el hijo que tenía mayor desfase de ingresos y gastos propone también cuatro años y medio de cárcel, junto con una multa de un millón de euros; y para el otro solicita tres años y medio y multa de 37.000 euros.
Por lo que respecta a la empleada, el fiscal pide una condena de cinco años y medio de prisión y multa de 5.000 euros; para el acusado que vendía droga en su domicilio solicita seis años y multa de 3.700 euros; y para el colaborador en el transporte y ocultación de la droga propone cuatro años de cárcel y multa de 45.000 euros.
