9 de abril de 2020
19 de mayo de 2018

Piden más de cuatro años para el intermediario de una constructora que se quedó con el aval de unas obras

El juicio se celebrará el miércoles, 23 de mayo, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha solicitado cuatro años y tres meses de cárcel para el acusado de apropiarse del aval de 110.000 euros de una constructora que iba a ejecutar unas obras en Torrelavega, hechos por los que será juzgado el miércoles, 23 de mayo, en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del fiscal, el acusado era el intermediario de una empresa constructora que iba a contratar unas obras con el Ayuntamiento de Torrelavega y se quedó con el dinero que la empresa debía depositar como aval ante el Ayuntamiento de Torrelavega.

A lo largo de 2013, el acusado realizó una serie de gestiones ante el Ayuntamiento para adquirir a favor de la constructora de la era intermediario el contrato para urbanizar un vial dentro del sistema general Parque Miravalles.

En el marco de esas gestiones, la empresa se obligaba a consignar ante la Administración la cantidad a la que ascendía las dos terceras partes del coste de la obra, que podía consistir en un aval bancario.

Aunque dicho depósito debería haberse realizado una vez aprobado el convenio en noviembre de 2015, si bien el acusado, "con ánimo ilícito de enriquecimiento", "hizo creer falsamente" al representante de la empresa que debía pagar antes de dicho momento.

De esta forma, obtuvo en abril de 203 dos documentos de provisión de fondos de la empresa, uno de 65.000 euros y otro de 45.000, recibiendo esta cantidad íntegra en dos pagos.

Según el fiscal, el acusado, "con la finalidad de hacer creer que había ingresado el pago al Ayuntamiento, manipuló" la copia de una carta de pago, de un expediente ajeno a la contratación, alterando el importe de la cantidad a los 110.000 euros y cambiando la fecha.

De esta forma, la remitió por correo electrónico a la empresa para "ficticiamente acreditar un pago que nunca había efectuado".

El fiscal considera los hechos un delito de estafa y otro de falsedad en documento oficial, por lo que solicita una condena de cuatro años y tres meses de cárcel (dos años y medio por la estafa y el resto por la falsedad documental) así como 8.100 euros de multa.

Asimismo, el Ministerio Público solicita que la empresa sea indemnizada en la cuantía que fue indebidamente apropiada, esto es 110.057 euros.

El juicio se celebrará, a partir de las 9.30 horas, del miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.