El PP anuncia una actitud "vigilante" y asegura que la Consejería de Obras Públicas emitió un informe que cuestionaba este órgano
SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento aprobó en su sesión de hoy la ley por la que se creará el Instituto Cántabro de Finanzas, un organismo que el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, consideró "imprescindible" para la modernización de la región.
La ley fue aprobada con la incorporación de una enmienda del Partido Popular relativa a la denominación y objetivos del texto, mientras que socialistas y regionalistas rechazaron una veintena de enmiendas que la oposición mantuvo vivas tras el debate en comisión.
El titular de Economía defendió que el Instituto Cántabro de Finanzas nace con los objetivos de "garantizar el principio de estabilidad" y "acceder a más servicios financieros" a través de una "herramienta sofisticada de gestión de los instrumentos financieros".
Para Agudo, este órgano servirá de "dinamizador e impulsor" del tejido empresarial de la región, y apoyará al sector público empresarial y al privado. El consejero indicó que "parece que si no hay algo visible, no hay nada, pero lo cierto es que hacen falta elementos intangibles para que funcionen perfectamente" los elementos tangibles.
Por su parte, la diputada 'popular' Cristina Mazas --que comenzó su intervención felicitando a la selección española de fútbol--, anunció que su grupo mantendrá una actitud "vigilante para que todas las actividades se desarrollen por los cauces establecidos" con "transparencia" en la gestión.
La parlamentaria abogó por que el Instituto Cántabro de Finanzas sirva para "racionalizar la actividad financiera y no para aumentar el descontrol en algunas empresas públicas", y defendió que las enmiendas presentadas por su grupo suponían una "reformulación completa" de la ley que la mejoraba "sustancialmente".
A su vez, la diputada socialista Susana Mediavilla destacó que el Instituto pretende una "gestión administrativa más ágil" y que será un "instrumento clave y decisivo para el futuro económico de la región", mientras que el regionalista Rafael de la Sierra señaló que las enmiendas de la oposición "no ponen en cuestión" ni la creación de este órgano, ni sus fines ni sus métodos.
Además, De la Sierra reprochó al PP sus "cambios" de opinión durante el proceso de tramitación de la ley, ya que, "como se ha producido la presentación de enmiendas, resulta que lo que antes era bueno, ahora ya no lo es".
A esto, Mazas le respondió refiriéndose a un informe de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo que, según la diputada 'popular', "cuestiona" el Instituto de Finanzas tanto en su legalidad como en su oportunidad, al considerar "inviable" la gestión de áreas del sector público por personas nombradas por la Consejería de Hacienda y correspondientes a otros departamentos.
INSTITUTO DE FINANZAS.
El consejero de Economía detalló que el Instituto incluirá representantes de sindicatos, asociaciones empresariales, la Universidad de Cantabria (UC) y los grupos parlamentarios, en lo que calificó de una fórmula de supervisión "inédita" en la comunidad, si bien el PP reclamaba en sus enmiendas que la presencia de los miembros nombrados por los grupos se hiciera de forma proporcional a su representación y que se incluyera a una segunda organización empresarial.
Agudo también explicó que el Instituto trabajará en la cooperación con las entidades locales, analizará "exhaustivamente" la viabilidad de cada proyecto para "facilitar" la toma de decisiones y también gestionará proyectos de infraestructuras, por lo que será un "pilar fundamental para el fomento y el desarrollo" de la economía regional.
La diputada socialista Susana Mediavilla añadió que el Instituto "busca implicar al sector privado en acciones de interés" para la comunidad y "abrir nuevos mercados financieros", así como "paliar situaciones de crisis en sectores de interés" para Cantabria.
El Instituto tendrá cada año un Plan de Actuación, y también incluye una rendición anual de cuentas ante el Consejo de Gobierno y el Parlamento, con un informe de revisión de actividad. Será auditado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
Estará presidido por el consejero de Economía y Hacienda y tendrá un director gerente, además de un Consejo de Supervisión y un Consejo Ejecutivo.
Las enmiendas 'populares' sugerían que los miembros de los consejos pudieran renovarse dos veces cada cuatro años, así como que a la hora de conceder créditos a las empresas, éstas deban tener el domicilio fiscal en la región, o que, en lo relacionado con las infraestructuras, se promocionen aquellas que generen ingresos de cara a su explotación.
